Desde hace varios años, específicamente desde el 2012, la mayoría de los analistas económicos nacionales e internacionales e incluso organismos internacionales de reconocido prestigio le hemos advertido al Ejecutivo Nacional sobre el deterioro económico que ha venido presentando nuestra precaria salud económica, manifestado a través del comportamiento negativo de las principales variables macroeconómicas de nuestro país. Lamentablemente, el Gobierno Nacional no solo no nos oyó, sino que además no nos creyó. Dijimos en muchas ocasiones que había que tomar medidas estoicas pues de no implementarlas, la situación económica iba a empeorar o iba a ser mucho más dolorosa tomarlas más tarde, no solo desde el punto de vista monetario, sino también social y político.
Pues bien, fue el 15 de enero de este año, tres o cuatro años más tarde, cuando el ciudadano Presidente de la Republica reconoció que el país se sumía en una crisis catastrófica y que para enfrentar esa tormenta era necesario que la nueva Asamblea Nacional, juramentada hace apenas tres semanas, le aprobara un Decreto de Estado de Emergencia Económica. Llama poderosamente la atención que horas antes de su alocución, el Banco Central de Venezuela hubiese dado a conocer parcialmente algunas cifras incompletas sobre el comportamiento de la economía en su conjunto, estadísticas que no publicaba desde el 31 de diciembre de 2014. En ambos casos, el diagnóstico implícito del instituto emisor prendió las alarmas de la economía, pero lo más grave del asunto fue que desde su último informe del 2014, por cierto muy discreto, el Banco Central le estaba diciendo al país que habíamos entrado a una ulterior fase de crisis económica. Las cifras que presentó así lo demostraron. Solo por mencionar algunas de ellas, señalaba ese informe que durante el año 2014 el Producto Interno Bruto había decrecido 4,8% (la más alta disminución de América Latina), que la tasa de inflación se ubicaba en 68,5% (la más elevada de la región) y que las reservas internacionales se encontraban en términos redondos, en 14.500 millones de dólares (las más bajas en 16 años), pero que la liquidez monetaria había crecido en 50% y el gasto público en 35%( producto de la emisión de dinero inorgánico) y que los precios del barril de petróleo rondaban entonces los 40 dólares (mínimo histórico).
Con este diagnóstico tan preocupante y la información que conocía el Gobierno de que los precios del petróleo iban a seguir disminuyendo, lo menos que podía haber hecho el ciudadano Presidente en su alocución a esa Asamblea Nacional el 10-01-2015 era presentar un plan de austeridad, una rectificación del presupuesto nacional o un plan anticrisis. Lamentablemente nada de ello ocurrió y los resultados están a la vista: 2015 fue el año más aciago en materia económica desde 1998, ni siquiera superado por el año del paro petrolero. El segundo informe que presentó el Banco Central de Venezuela el 16 de enero de este año, aunque también incompleto, así lo confirmó. En él se señala entre otras cosas, que la economía cayó 7.1%en el tercer trimestre de 2015, habiendo disminuido en los dos trimestres previos en -1.4% y – 4.7% respectivamente. También señaló que la tasa de inflación acumulada en los primeros nueve meses del año fue de 108.7% mientras que la inflación anualizada a septiembre 2015 se ubicó en 141.5%. Señalaba igualmente que la actividad petrolera mostro una recesión importante al cerrar el trimestre en -1.9%. La cuenta corriente de la balanza de pagos mostró un saldo negativo de 5.05 millardos de dólares y la balanza comercial reportó un déficit de 5.16 millones de dólares (ventas al exterior 8.43 millardos de dólares versus 9.25 millones de dólares en importaciones que al cambio oficial resultan: Bs. 53.109 de ingresos y Bs. 58.275 de importaciones).
Es importante señalar que este diagnóstico es precoz, pues no se incluyó el último trimestre del año en ninguna de las variables presentadas, no se informó del nivel actual de los precios del petróleo, los cuales se acercan peligrosamente a 20 dólares el barril. A la luz de las consideraciones anteriores nos asaltan varias dudas razonables: Una, ¿había que esperar tanto para solicitar un estado de excepción? Dos ¿por qué el Banco Central de Venezuela no alertó antes o en el transcurso del año 2015 manejando ellos esa información? Tres ¿por qué no se aprobó directamente el estado de excepción (como lo hizo en la frontera) en el marco de la ley habilitante? Cuatro ¿por qué no se solicitó dicha medida a la anterior Asamblea Nacional? Quinto, ¿por qué en los considerandos del decreto no se acepta sinceramente la conducción y por tanto responsabilidad directa en la crisis de quienes, sin conocimiento de causa, han dirigido la política económica del país? Sexto, ¿por qué en esos considerandos se culpa directamente a agentes internos y externos, a una guerra económica imaginaria y hasta estrategias de desestabilización internacional como los que han generado la crisis económica que vivimos?. Y finalmente pero no menos importante, ¿por qué se solicitan poderes especiales para controlar la economía cuando eso es lo que han hecho en los últimos años? Y ¿por qué en ese decreto no se anuncia ni una sola medida de política económica a fin de enfrentar la crisis? Pareciera tal vez que otros fueron los propósitos al momento de presentar este polémico estado de emergencia económica, termino éste que por cierto no aparece en los diccionarios de economía consultados.
