El exdirector del área internacional de Petrobras Jorge Zelada, fue condenado a 12 años y dos meses de prisión por una corte brasileña que este lunes lo halló culpable de corrupción y lavado de dinero en el multimillonario fraude a la petrolera estatal.
Zelada estaba preso desde julio del 2015 acusado de recibir sobornos en el marco de un esquema de enriquecimiento ilícito que drenó más de 2.000 millones de dólares de Petrobras, según el balance corporativo 2014, y que salpicó a parte de la élite empresaria y política de Brasil.
De acuerdo con el fallo del juez Sergio Moro que atiende la causa en el estado sureño de Parana, Zelada fue acusado de recibir junto a otros cómplices cerca de 31 millones de dólares para «favorecer la contratación (…) de la empresa Vantage Drilling Corporation para fletar el barco sonda Titanium Explorer por parte de Petrobras a un costo de 1.816 millones de dólares».
«La contratación fue direccionada ilícitamente hacia Vantage Drilling Corporation en contrapartida del pago», según el fallo distribuido a la prensa.
Investigando las pistas aportadas por «arrepentidos» que participaron del fraude y ahora colaboran con las autoridades para una reducción de sus condenas, la justicia ya identificó y secuestró más de 11 millones de euros (USD 11,97 millones) depositados en Mónaco a nombre de compañías ligadas a Zelada, quien trabajó en Petrobras entre 2008 y 2012.
También fueron detectadas cuentas del Zelada en Suiza, que se convirtió en el más reciente de los exdirectores condenados en esta megacausa, además de los presidentes de las constructoras Odebrecht y Andrade Gutierrez y de un extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), entre varios otros.
Ya fueron condenados Néstor Cervero, que sucedió a Zelada en el área internacional de Petrobras; Renato Duque, del sector servicios y Paulo Roberto Costa, jefe de abastecimiento y una figura clave cuyos testimonios fueron vitales para que la fiscalía descubriera cómo funcionaba la red.
La investigación indica que al menos 16 empresas formaron un «club» para definir quién ganaría las licitaciones y a qué precio, una propuesta que era aprobada por los directivos de Petrobras a cambio de sobornos de entre 1% y 3% del valor de los contratos que luego distribuían en parte a partidos políticos.
La causa tiene bajo investigación a decenas de políticos, incluyendo legisladores, gobernadores y ministros en funciones.
