El filósofo John Locke, uno de los pensadores liberales más influyentes de occidente, sostenía que la existencia del gobierno y el abandono del estado natural del ser humano se justificaba básicamente por los beneficios que éste podía producir a las personas, como, por ejemplo, el establecimiento de leyes aplicables para todos por igual, la existencia de un sistema judicial imparcial para dirimir las diferencias y el respeto a la vida, el trabajo y la propiedad de los individuos.
El pensamiento democrático siempre ha estado debatiendo en torno a este importante tema, y desde Grecia hasta nuestros días, se reconoce en el gobierno cierto carácter moral que garantiza el bien común y otorga soluciones a los problemas de los ciudadanos. Es aquí cuando entra en juego la gobernabilidad, entendida como la capacidad del gobierno para mantener el equilibrio entre las demandas y su capacidad de respuesta, y conciliar con el resto de los actores políticos y sociales las soluciones a los problemas en el marco del respeto al sistema de libertades.
Recientemente, el Presidente de la República instaló el comité organizador del Congreso de la Patria a celebrarse en abril próximo. Maduro señalo a sus aliados: “Debemos impulsar una rectificación estructural y definitiva de la revolución bolivariana y de los errores que se han cometido y acumulado en estos 17 años”, afirmando entre otras cosas que “no entregaría la revolución”. Bajo el mismo talante, se instaló el Consejo de Economía Productiva, con la notable ausencia de las organizaciones empresariales más importantes del país. Con estas iniciativas, el gobierno nacional ha pretendido ofrecer una respuesta a la crisis económica, política y social, que en aspectos como la escasez de medicamentos e insumos médicos ya alcanzó la categoría de tragedia.
Estas acciones, unidas al cambio del gabinete, que no augura ningún viraje en la política económica, expresan la peligrosa decisión del gobierno de no rectificar y avanzar en el camino que nos condujo a la catástrofe que vivimos actualmente y que, sin lugar a dudas, se profundizará a muy corto plazo.
Ante este panorama, como hemos afirmado en otras ocasiones, la gobernabilidad no sólo está comprometida, sino a punto de quebrarse. El gobierno no solucionará la grave crisis que padecemos dialogando consigo mismo y con sus correligionarios e ignorando a los que no comulgan con el credo revolucionario. Es fácil mandar sin rendirle cuentas a nadie, con un barril de petróleo a $ 140; pero con los ingresos petroleros en caída libre y con la economía en ruinas, el diálogo con todos los sectores del país, y en especial con la oposición, no es una opción: es la única opción, si quiere sacar a Venezuela del atolladero y reposicionarla en la senda del desarrollo.
Tampoco parece lo más lúcido provocar conflictos legales y luchas de poder con la Asamblea Nacional, sólo por el hecho de haber perdido la mayoría. Lo sensato en este momento requiere convocar a los representantes de los poderes públicos para llegar al menos a un consenso mínimo en torno a un conjunto de políticas económicas y sociales que pasan por solicitar ayuda a los organismos multilaterales e incluso a las organizaciones de cooperación internacional para paliar la escasez de medicamentos y alimentos. La democracia ofrece diversos mecanismos para recuperar la gobernabilidad tales como las elecciones, la participación ciudadana, la mediación de los partidos políticos, y el contrapeso entre los poderes públicos.
En nuestro país el mesianismo rompió estos delicados mecanismos de funcionamiento del sistema y la sociedad olvidó que constituye una obligación cívica demandar al gobierno dentro del marco establecido en la Constitución, la rendición de cuentas tanto de los funcionarios como de los recursos públicos. En algún momento perdimos incluso la capacidad de exigir al gobierno ese “deber moral” de gobernar para todos y otorgarnos y garantías para la vida, la paz y el desarrollo económico.
Las soluciones existen y están a la vista, aún ahora cuando para millones de ciudadanos no existe salida. En consecuencia, es tiempo de rescatar al viejo Locke y recomponer el contrato social entre el gobierno y los ciudadanos.
