La falta de transparencia en Venezuela se ha vuelto sistémica, muchos ciudadanos se han acostumbrado a la ausencia de cifras oficiales, a las pocas rendiciones de cuenta por parte de las autoridades, a las irregularidades presupuestarias, a las obras inconclusas con recursos aprobados que son denunciados, pero no investigados por las instituciones públicas, es por ellos que organizaciones como Transparencia Venezuela y otras asociaciones civiles se han abocado a activar los instrumentos necesarios para que los ciudadanos puedan tener conocimientos de las alteraciones y demás acciones fuera de la ley, que también sirvan de canal para las denuncias y de ésta manera combatir la opacidad.
A propósito del inicio del año judicial, Yonaide Sánchez, coordinadora de la organización en el estado Lara, informó que ya se encuentra activa la página supremainjusticia.org que su objetivo es visibilizar las desviaciones del Poder Judicial y promover un debate que contribuya a mejorar la justicia en Venezuela.
Quieren destacar los argumentos y decisiones de “un número creciente de sentencias del máximo organismo de la justicia que violan diversos derechos fundamentales, convenciones firmadas y ratificadas por Venezuela, así como la Constitución Nacional”, la influencia por la parte política y de quien se encuentra en el Gobierno nacional.
En el portal web detallan los magistrados que integran el Tribunal Supremo de Justicia y cada uno de los casos que llevan, asimismo explican las leyes que son respaldadas.
Sánchez enfatiza que cuando un sistema judicial funciona de manera adecuada es cuando se tienen todas las herramientas para garantizar una democracia de calidad.
Este nuevo instrumento se une a los ya divulgados por la organización, como la aplicación Dilo Aquí, que es para recibir las denuncias de irregularidades gubernamentales o abusos de poder que deseen realizar los ciudadanos.
Compromiso legislativo
Transparencia Venezuela en el mes de diciembre presentó a los diputados electos a la Asamblea Nacional la guía de los “Compromisos parlamentarios”, con la finalidad de lograr gestiones de calidad, orientadas en la lucha contra la corrupción, contra la opacidad, la lucha a favor de la libertad de expresión y la seguridad ciudadana. En Lara lo han firmado dos diputados y esperan que el resto, ya sea de la oposición o los que representan al Gobierno nacional, también lo hagan.
También se ha planteado la entrega de un formulario para la rendición de cuenta, que puede ser usado como un acompañamiento de su gestión en la que van registrando las actividades que desarrollan; desde los proyectos de ley que presentan, las investigaciones en las que participan, hasta las intermediaciones que hacen con los ciudadanos.
Para Sánchez, estas acciones deberían formar parte de la cotidianidad de todos los funcionarios públicos y que las instituciones velen para que estos requerimientos se cumplan, pero lamentablemente en la realidad venezolana eso no sucede.
Transparencia International publicó el Índice de Precepción de Corrupción (IPC) correspondiente al año 2015, en el cual Venezuela ocupo el puesto 158 de un total de 167 países, ubicando al país en una nación con grandes riesgos de corrupción en el sector público.
En el informe se analiza la forma en que los ciudadanos de 168 países perciben al sector público, a través de un puntaje en el que 1 es “altamente corrupto” y 100 es “muy limpio de corrupción”. Venezuela obtuvo 17 puntos sobre 100.
