La afirmación de Human Rights Watch de que el Poder Judicial dejó de funcionar en Venezuela, lo sabemos todos, desde que los magistrados, en la apertura del año judicial, a coro vociferaron su apoyo al entonces Presidente Hugo Chávez.
La declaración fue hecha por el Dr. Alberto Arteaga, profesor universitario y profesional de Derecho de hace más de cincuenta años, quien considera que el principal problema del país es precisamente que el Poder Judicial, que debe ser un árbitro imparcial, para poder administrar justicia, no lo sea en nuestro país.
Lo más grave ocurrió el 23 de diciembre del año pasado cuando la Asamblea Nacional designó a los trece magistrados express.
El gobierno había perdido las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre y procedió, a través de la Asamblea Legislativa afecta estrechamente al Ejecutivo Nacional, procedió aceleradamente a designar a los magistrados tras la jubilación apresurada de igual número de funcionarios.
Violando la Constitución, el Poder Judicial ha sido hecho a la medida del gobierno, proceso que comenzó cuando Chávez decidió ampliar el número de magistrados, designando, por supuesto, a quienes eran afectos a lo que se ha denominado revolución bolivariana.
Se ha ignorado que el Poder Judicial es la columna del sistema democrático; pero, como éste no lo es desde que Chávez impuso sus criterios, tenemos el problema que progresivamente el régimen ha venido sacando a los magistrados que no le convenía y los ha sustituido por los que son activistas del partido oficialista.
El Dr. Arteaga recuerda que los jueces tienen que ser independientes e imparciales, amparados en la Constitución y el Derecho, porque les corresponde arbitrar los conflictos que se presentan a diario en la sociedad.
Es por eso que la población, que votó el 6 de diciembre por un cambio en la vida institucional del país, espera que las cosas funcionen debidamente.
En este sentido, la Asamblea Nacional, que se instaló el 5 de enero de este año, tiene que proceder a examinar la forma en que fueron escogidos los trece magistrados express y sus suplentes, porque no se cumplieron los requistos establecidos en la Constitución, ni tampoco las normas que debieron prevalecer para determinar si cada uno de los postulados reunían las condiciones para ocupar los cargos para los cuales fueron designados.
Lo que pasó en diciembre del año pasado tuvo como finalidad blindar al gobierno; pero, olvidaron que el Poder Legislativo está en capacidad de corregir lo que haya hecho mal la Asamblea Nacional anterior.
