Cuesta creer a estas alturas de los acontecimientos, que algunos ilusos crean que durante estos 16 años, la justicia social haya sido un objetivo real de quienes nos gobiernan: Nuestra mano de obra es una de las más baratas del mundo. Se pagó la transición de Cuba en su alianza con los EEUU, en dólares y petróleo; transformaron las comunas, las bases obreras y sindicales en mafias y bandas, destruyendo el capital humano y valores de una amplia población. Quebraron el país y lo endeudaron a tal nivel, que le costará dejar de ser deudor y acabaron con nuestro ordenamiento jurídico, estableciendo la impunidad como política de Estado.
No sólo derrocharon los ingresos de la bonanza petrolera 2006-2012, sino que nos endeudaron a límites perversos. El gobierno jugó todos los papeles del equipo: fue regulador, accionista, productor, importador y distribuidor de los bienes de consumo e insumos requeridos por la industria nacional. Mientras hablaban de “hegemonía mediática” de la oposición, se transformaron en dueños de los medios de comunicación, restringiendo la información que les habría abierto los ojos a los venezolanos, para comprender hacia dónde íbamos.
Desinformación planificada para que un amplio sector de la población, no sólo se desatendiera de lo que ocurría, sino que considerara, dada la política populista aplicada, que todo marchaba bien. Se destruyó el aparato productivo, sin propiciar una economía sana, con generación de empleo para todos los venezolanos. Desaparecida la clase media, se anuló el espíritu de trabajo, de lucha y deseos de emprendimiento de las clases populares, sustituyéndolo por la dádiva, con el fin de ocultar no sólo una mala administración, sino la enorme corrupción de la clase social emergente, los “boliburgueses”, nacidos al calor de la “revolución”.
Ajenos a cualquier reflexión que busque explicar los numerosos errores cometidos, acusan a sus seguidores -como lo hace el responsable de la fracción del PSUV en la AN-, de ser culpables de lo ocurrido, dada su condición de “analfabetas”. Imposible no recordar la anterior AN en donde se hizo alarde de la desaparición del Estado de Derecho y la disolución de los 3 Poderes en uno solo.
Se repitió otra versión del totalitarismo caribeño, lo que ocurrió en China, Corea del Norte y en Rusia una vez destruida la URSS. El chavismo habrá pasado a tener el discutible papel en América Latina, de impulsar la derecha más reaccionaria y de sepultar discursos válidos de igualdad y de justicia social. Quizás le toque a la Iglesia liderada por Francisco, un papel político que abogue por los más desposeídos.
Mientras tanto, la espada de Damocles sigue sobre la cabeza de todos: Pagar o reestructurar la deuda. Asunto que resulta complicado para países declarados o en camino a la quiebra. ¿Qué nombre darle a una economía como la nuestra cuyo gobierno no puede obtener las divisas líquidas urgentes para cubrir la deuda interna y externa? Al precio actual del barril, es difícil pensar que habrá dinero para hacer las importaciones de comida y alimentos necesarios. El hambre toca la puerta.
Gente que viene haciendo seguimiento al derroche gubernamental y la aplicación de medidas equivocadas, anuncia que cualquier salida va a afectar a las grandes mayorías del país, profesionales y comerciantes incluidos, que a su vez, es la mayor víctima de la inseguridad e impunidad judicial. A nombre de la revolución se quebró el país con mayores reservas petroleras del mundo; acabaron con Pdvsa e hipotecaron un tercio de su producción petrolera; privatizaron un 40% de la Faja del Orinoco y un 100% de los yacimientos de gas. Las empresas mixtas, de capital internacional, son dueñas de minas, fábricas, puertos, tierras. En fin, pasarán a la historia como los mayores entreguistas de nuestras riquezas y destructores de un aparato productivo que pudo haber sido potenciado como alternativa de ahorro de la renta petrolera.
¿Cómo hicieron para malversar un billón setecientos noventa mil ciento diez millones de dólares ingresados entre el 98 al 2014? Cifra que para los expertos equivale al PIB en conjunto de Venezuela, Bolivia, Argentina, Perú, Colombia y Perú en el 2012, último año de crecimiento económico en el país. Y…¿Cuál fue el destino de doscientos dieciséis mil trescientos noventa y siete millones de dólares que son la diferencia entre el ingreso registrado y el distribuido en dicho período? Somos un país que no sale de hacer una pregunta tras pregunta, sin hallar en medio del desvarío, una respuesta.
