La ministro de Servicio Penitenciario, Iris Varela, tiene que ser interpelada por la Asamblea Nacional y los diputados deben hacerle preguntas precisas sobre lo que ocurrió en el Internado Judicial de la Región Insular San Antonio de Porlamar, donde los reclusos dispararon armas de gran calibre y los guardias nacionales se limitaron a observar mientras se le rendía homenaje al tristemente célebre delincuente Teófilo Rodríguez Cazorla, alias El Conejo, planteó ayer, en esta ciudad, el abogado Humberto Prado, coordinador nacional del Observatorio Venezolano de Prisiones.
Esa cárcel fue construida para 700 personas, pero tiene más de 1900, expuso el dirigente de los derechos humanos, quien asistió al foro sobre Democracia, Estado de Derecho y la Crisis Constitucional en Venezuela.
Dijo que a raíz del asesinato hubo, en la azotea de la prisión, una demostración de fuerza con armas de guerra, fusiles livianos y pistolas, incluso con unos peines que ni siquiera se han visto en las películas de acción.
Ese hecho dio la vuelta al mundo en vista de que la ministro decía que ella tenía el 98 por ciento del control de los recintos carcelarios.
Corrobora lo que hemos venido advirtiendo que las cárceles en nuestro país son bombas de tiempo.
Esta cárcel no explotó con un motín, pero sí con un tributo de plomo a un líder negativo y viene como una respuesta a la ministro, quien declaró que los presos no tienen armas, ni siquiera una hojilla.
Se evidencia que no toda la población está armada, sino los grupos más peligrosos.
No es justo que ella informe que no habrá visita hasta que los presos entreguen las armas. Los presos no van a entregar armas, porque quien lo hace en el argot y en la cultura carcelaria va a quedar rayado. Ella, como ministro, lo que sí tiene es que ir en busca de las armas y que por un grupo de 50 ó 100 personas tengan que pagar todos los demás.
