Los periodistas venezolanos se abstienen de publicar informaciones que comprometen a autoridades para evitar demandas judiciales, según denunció este lunes una ONG que promueve la libertad de expresión.
Según una encuesta sobre percepción de autocensura realizada por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) entre 227 comunicadores, un 37% reconoció que se autocensura para evitar «las amenazas de acciones legales».
Eso «demuestra el uso del aparato judicial para criminalizar la actividad y el ejercicio del periodismo en Venezuela», dijo Marianela Balbi, directora de la organización no gubernamental, durante la presentación del estudio.
El IPYS señaló que actualmente cursan 54 procedimientos judiciales contra medios y periodistas, con un «aumento alarmante durante los últimos tres años», en los que ha gobernado el presidente socialista Nicolás Maduro.
Uno de los casos más conocidos es la demanda por difamación que introdujo el año pasado Diosdado Cabello, segundo del chavismo y expresidente del Parlamento, contra tres medios venezolanos por replicar versiones de la prensa internacional que lo vinculaban a supuestas investigaciones judiciales por narcotráfico en Estados Unidos.
La segunda razón que adujeron los periodistas para autocensurarse es la «necesidad de proteger a las fuentes», dado que «ahora la presión está mucho más enfocada en la persona que proporciona la información», indicó Balbi.
El seguimiento policial, la «constitución de instancias» que regulan los contenidos y las descalificaciones de funcionarios del gobierno y medios estatales contra periodistas engrosan la lista de razones que llevan a la autocensura.
En este contexto, la dificultad no radica en verificar la información, sino con «el miedo a las consecuencias que puede traer la publicación de esa nota», denunció Balbi.
La encuesta fue realizada a reporteros de 16 de los 23 estados de Venezuela que trabajan en «medios privados, independientes, estatales y comunitarios», entre el 18 de septiembre y el 31 octubre de 2015.
