El Ejecutivo Nacional decreta un Estado de Excepción para enfrentar una crisis económica que tiene varios años, cuando la Constitución posibilita estas facultades legales para casos sobrevenidos o inesperados que requieren de una respuesta inmediata y fundamentada en acciones concretas, explícitas y puntuales. Dictar un Decreto de emergencia para enfrentar una supuesta guerra económica que según el propio gobierno tiene mucho tiempo en proceso es reconocer su propia ineficiencia o, más grave aún, quiere desviar la responsabilidad sobre la crisis hacia quienes no tienen ninguna culpa y antes bien han denunciado sus causas con argumentos sólidos y de manera reiterada.
El Gobierno afirma que la escasez de alimentos y medicinas se debe a una guerra económica donde estarían confabulados elementos internacionales y nacionales en su contra. Frente a esto basta decir que el principal comprador de petróleo venezolano continua siendo Estados Unidos, que además lo paga en dinero efectivo y a precio de mercado, mientras que otros países como Cuba lo pagan con descuento, a plazos y mediante intercambios. Quiere decir que no hay por parte del “Imperio Yanqui” un bloqueo comercial. Por otra parte, Venezuela forma parte de un bloque de países que le proveen alimentos a buena parte del planeta, nos referimos a Mercosur y que hasta ahora se sepa ninguno de ellos se ha negado a traer sus productos a nuestro país, lo único que exigen es que le paguen en efectivo porque Venezuela tiene con ellos una deuda muy alta. Tampoco en este caso podemos hablar de guerra económica.
Respecto a las medicinas, los laboratorios nacionales tienen más de un año denunciando que no tienen materia prima para elaborar los medicamentos básicos que el pueblo requiere. De manera constante y reiterada han advertido que los inventarios se acaban y que requieren con urgencia del gobierno el suministro de dólares para proceder a la fabricación de medicinas. Claro entonces está que aquí tampoco podemos percibir una guerra económica, antes bien una posición desesperada y suplicante de la industria farmoquímica para trabajar y producir.
En cuanto a los bajos precios del petróleo es asunto de los países árabes que para sacar del mercado a los craqueadores de esquistos redujeron el precio del barril por debajo de los costos de producción de estos nuevos actores, quienes para moler la piedra y fluidificarla gastan alrededor de 50 dólares por barril. Nada ver con que sea la Exxon o cualquier otra transnacional de los hidrocarburos las que se hayan empeñado en constreñir los ingresos de Venezuela para desestabilizar al Gobierno de Maduro.
En cuanto a la producción interna de alimentos es una ironía decir que los productores del campo le han hecho una guerra al gobierno y por ello no llevan sus productos al mercado. En Venezuela se confiscaron millones de hectáreas, con vacas y siembras adentro. Se expropio Agroisleña que asistía de manera integral a más de la mitad de agricultores del país. El gobierno importó miles de vacas Holstein y Girolando y se murieron casi todas. Construyó miles de galpones para siembras hidropónicas y en su gran mayoría están abandonados. En cuanto a las empresas agroindustriales que expropió la única que funciona es Lácteos Los Andes pero con pérdidas. Mientras que La Polar mantiene cien por ciento de su producción y según el Decreto de Emergencia puede ser expropiada sin trámite ninguno. En verdad, no hay guerra económica en Venezuela. Estamos en una gran crisis, en una pavorosa crisis, pero no saldremos de ella aumentando la dosis del veneno que nos está matando.
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