A pesar de que el Gobierno puede aplicar el Decreto de Emergencia Económica Nacional, sin el visto bueno de la Asamblea Nacional (AN), la negación o aprobación por parte de esta, cuyo plazo vence hoy, podría tener múltiples interpretaciones.
Para Luis Oliveros, economista y docente de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la intención del Ejecutivo es obtener apoyo político, a fin de distribuir el costo político de las medidas que tomará.
No obstante, si la AN se niega a aprobar este será culpada por no apoyar al gobierno para salir de la problemática económica.
“El gobierno le tendió una trampa a la oposición, porque si se niega, dirá no quieren ayudarlos a salir de la emergencia económica y
que juegan en contra de ellos en la crisis. Si lo aprueban, compartirán los costos políticos de una posible devaluación, del aumento de la gasolina y otras medidas”.
Según Oliveros, el gobierno jugó “inteligentemente”. Sin embargo, señaló que sigue siendo una “carta peligrosa”, ya que los cambios económicos, de darse, debieron realizarse mucho tiempo atrás y “no esperar a que se instalara la nueva Asamblea Nacional… Si de verdad estaban tan urgido, han podido decretarla sin ir hasta Asamblea o con la Asamblea anterior”.
Recordó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) le da al Ejecutivo el poder de decretar un estado de excepción en caso económico.
La carta de la AN
Está en manos de la AN llamar a los ministros de economía para que le expliquen al país cuáles son las cifras macroeconómicas totales y por qué tardaron tanto en publicarlos. Asimismo, deben exigir respuestas acerca de por qué, tras una gran bonanza, el país llegó a este punto de crisis económica. Oliveros calificó de injustificable que Venezuela sea el único país petrolero con problemas de este tipo.
No se debe aprobar el decreto
En opinión del economista y docente universitario, la AN debe negarse a apoyar el decreto, por no ata- car la raíz del problema.
“No se habla de desmontaje de controles o qué pasará con las empresas expropiadas. No se habla acerca de cómo se pagarán los compromisos en divisas que sostiene el país, tanto inter- nos como externos, ni tampoco se deja claro si el gobierno entiende que ha hecho mal en su ejercicio de la política económica o cómo se hará frente a los bajos precios del petróleo”, manifestó.
Indicó que muy por el contrario, el decreto “radicaliza el dañino control del gobierno sobre la economía venezolana”. Se trata de un decreto que podría empeorar la situación, por lo que el parlamento debe generar una discusión con base en su contenido, a fin de mostrar al país que no es esta la solución.
Oliveros acotó que la economía de un país no cambia por decreto, sino con la institucionalidad de los poderes, reglas del juego claras y con incentivos para la inversión.
Asimismo, recordó que sólo el 3% de las exportaciones son no petreras, mientras que en la última gran caída en los precios del petróleo, estas representaban el 30%. Allí radica la complejidad de edificar en la actualidad una diversificación de la producción.
