Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones sobre Venezuela bajo patrocinio de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), expresaron en un comunicado preocupación por lo que consideran amagos de crisis constitucional y democrática luego de las elecciones parlamentarias realizadas el pasado 6 de diciembre y la obtención de una mayoría calificada de diputados por las fuerzas de oposición.
Recuerdan que una misión integrada por los ex presidentes Andrés Pastrana, Laura Chinchilla, Miguel Ángel Rodríguez, Mireya Moscoso, Luis Alberto La Calle y Jorge Tuto Quiroga presenció el proceso electoral por petición de la Mesa de la Unidad Democrática.
Explican como guía para su acompañamiento electoral la carta que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dirige entonces a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, haciéndole saber que existen razones para creer que las condiciones en las que el pueblo va a ir a votar el 6 de diciembre no están en estos momentos garantizadas”.
El comunicado recuerda que los ex presidentes formularon un llamado al pueblo venezolano para que, mediante el ejercicio masivo del voto, superen la ausencia de un auténtico clima de competitividad electoral en virtud de la hegemonía comunicacional del los Estado candidatos las inhabilitaciones políticas impuestas a algunos de éstos; la persecución o el encarcelamiento de líderes políticos por sus disidencias de opinión; y hasta la clonación de la tarjeta de la Unidad opositora por un partido afecto al gobierno. Además de indicar que el Poder Electoral, cuya mayoría calificada la forman rectoras alineadas con el partido oficial, rechaza toda forma de observación internacional.
Irrespetar resultados
Expresan que en su momento tanto la Ministro de Relaciones Exteriores Delcys Rodríguez como el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, les manifestaron que “el país cuenta con “el mejor sistema electoral del mundo” y expresaron que de perder las elecciones sus candidatos reconocerían los resultados electorales y así lo cumple, en primera instancia, pero una vez proclamados por las autoridades electorales los 112 diputados electos como representantes de la Unidad Democrática de oposición y los 55 diputados representantes del partido oficial, PSUV, quedan ellos, al efecto, protegidos por la inmunidad que la propia Constitución les garantiza en beneficio de la autonomía soberana del cuerpo legislativo electo; pero se pone en marcha una estrategia coludida por los demás poderes del Estado a objeto de desconocer en los hechos la soberanía popular manifestada.
Apuntan que la Asamblea Nacional que concluye sus tareas y pierde el beneplácito de dicha soberanía, procede a crear un parlamento comunal constitucionalmente inexistente y paralelo, no electo por el pueblo, permitiéndole usar como sede el Palacio Federal Legislativo. Luego ocurre la designación apresurada, sin ajustarse a los mecanismos constitucionales establecidos, de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en sus distintas Salas, entre estas la Constitucional y la Electoral; nombrando al efecto y como jueces a diputados del oficialismo que cesan en sus funciones o pierden como candidatos en las elecciones realizadas.
Refiere el documento que en vísperas de instalarse la nueva Asamblea con su distinta integración y elegir sus autoridades, el oficialismo usa del Tribunal Supremo así reconstituido para desconocer la proclamación ya realizada de 4 diputados electos por el Estado Amazonas y a renglón seguido, afecta el principio constitucional de supremacía de la soberanía popular y de autonomía del órgano parlamentario, mediante una abierta usurpación de poderes, hasta el punto de declarar nulas e ineficaces todas las actuaciones de la Asamblea Nacional.
“Quienes suscribimos la presente declaración pedimos de la opinión pública internacional y a nuestros respectivos gobiernos estar atentos y vigilantes de la situación política e institucional de Venezuela. Y al Presidente Maduro como al Presidente de la Asamblea Nacional les reiteramos nuestra disposición a interponer los buenos oficios que se requieran, a fin de favorecer entre las partes caminos de diálogo y negociación que permitan resolver, con estricto apego a la Constitución y las normas de la Carta Democrática Interamericana, las diferencias políticas existentes”.
