El diputado oficialista y ex jefe de los servicios de inteligencia militar, Hugo Carvajal, rechazó el miércoles las denuncias por narcotráfico que surgieron en Estados Unidos contra el jefe de la Guardia Nacional, y dijo que con ellas se busca atacar al gobierno venezolano.
Carvajal, que fue apresado brevemente en julio del 2014 siendo cónsul de Venezuela en Aruba, por solicitud de Estados Unidos donde lo investigaban por narcotráfico, rechazó el proceso que tiene pendiente en una Corte estadounidense, y atribuyó su caso y el del jefe de la Guardia Nacional, mayor general Néstor Reverol, a un «afán de buscar figuras en el área… de inteligencia policial, para atacar a los gobiernos».
«Reverol lo que ha hecho es combatir el narcotráfico en Venezuela», dijo el general retirado del ejército al ser consultado sobre el caso del jefe de la Guardia Nacional, que desde diciembre pasado es procesado en un tribunal de Nueva York por complicidad con traficantes de cocaína.
Reverol, ex jefe de la Oficina Nacional Antidrogas, y el ex funcionario antidrogas Edilberto Molina aparecen en un acta de instrucción de cargos en un tribunal federal de Nueva York que acusa al jefe militar de alertar a traficantes de allanamientos y obstaculizar investigaciones, de acuerdo con informaciones recabadas por AP.
Al referirse a los expedientes que le abrieron en Estados Unidos, Carvajal dijo que «lo que se diga allí de mí es mentira», y sostuvo que los señalamientos que han hecho en su contra responden a una operación de inteligencia que realizó en el 2002, con la autorización del entonces mandatario Hugo Chávez y el ex presidente colombiano Andrés Pastrana, para ubicar a los captores del empresario venezolano Richard Boulton quien fue liberado ese año tras ser secuestrado por paramilitares colombianos.
El diputado indicó que a raíz del secuestro de Boulton surgieron algunas diferencias dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia «y por allí empezó la disolución de los paramilitares. Eso no me lo perdona (el ex presidente Alvaro) Uribe a mí, y empezó a señalarme», agregó.
El Departamento del Tesoro acusó en 2008 a Carvajal y otros dos altos oficiales venezolanos de entregar armas a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y ayudarlos a traficar cocaína para financiar su insurgencia.
Carvajal, quien durante cinco años dirigió los servicios venezolanos de inteligencia militar, negó las acusaciones del Tesoro y también otros cargos formulados por un tribunal del sur de Florida que lo acusa de haber sido cómplice de Wilber Varela, un importante narcotraficante colombiano asesinado en Venezuela en 2008.
El general retirado fue elegido diputado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela en los comicios del 6 de diciembre.
Tras ser detenido por cuatro días en Aruba, Carvajal fue liberado y enviado a Caracas gracias a las gestiones diplomáticas que realizó Venezuela ante el gobierno de Holanda.
Carvajal admitió que luego de ese incidente no ha vuelto a salir del país. «No tengo temor de nada. Simplemente no creo que sea conveniente que yo esté saliendo para ninguna parte», acotó.
Al ser consultado sobre las versiones de prensa que aseguran que en Venezuela existe el llamado «Cartel de los Soles» que integran altos oficiales de la fuerza armada que participan en actividades de narcotráfico, el ex jefe de inteligencia militar reconoció su existencia, pero precisó que ese cartel estuvo integrado por «un grupo de militares de la guardia nacional» que fue «desmantelado».
Sobre el caso de los dos sobrinos de la primera dama que fueron apresados en noviembre pasado en Haití y posteriormente llevados a una Corte de Nueva York donde enfrentan un proceso por narcotráfico, Carvajal dijo que allí se dio un «simple montaje».
«Tengo información de que utilizaron unas damas por allí para acercárseles a estos muchachos y conducirlos a una situación que ellos querían, (que) iniciaron», precisó.
Efraín Campo y Francisco Flores, sobrinos de la primera dama Cilia Flores, fueron arrestados en noviembre en Haití y luego trasladados a una corte de Manhattan que ordenó mantenerlos detenidos mientras son procesados bajo cargos de conspirar para introducir 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.
