“Una cosa es decir qué se quiere y otra es decir cómo conseguirlo. Es posible que se quiera tener mayor producción, exportación y protección social. Pero si el procedimiento es débil, carece de transparencia y es más arbitrario e intervencionistas de lo que ya se ha visto, se logrará lo mismo que se tiene hasta ahora: más escasez, más inflación, mayor daño a la capacidad productiva y lentitud en la recuperación de la economía”.
Tal aseveración fue realizada por el economista y docente de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Ronald Balza Guanipa, con motivo de la presentación del Decreto de Emergencia Económica Nacional, que realizó la tarde de ayer el ministro de Economía Productiva, Luis Salas, desde Miraflores. Muchos venezolanos esperaron más detalles y explicaciones.
El economista explicó que dicho decreto es un tipo de decreto de Estado de Excepción, el cual “solamente puede declararse ante situaciones objetivas de suma gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios que dispone el Estado para afrontarlos”. Se atendería entonces una crisis como esta “ampliando las facultades del Ejecutivo Nacional, con la restricción temporal de las garantías constitucionales permitidas y la ejecución, seguimiento, supervisión e inspección de las medidas que se adopten conforme a derecho”.
Precisó que según la misma ley, para plantear un decreto de este tipo se requiere de planteamientos objetivos de la situación, fundamentados en el información recopilada por el Banco Central de Venezuela (BCV) Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Fondo de Desarrollo Endógeno (Fonden), entre otros. A pesar de que el día de ayer el BCV publicó resultados del INPC, PIB y Balanzas de Pago para el tercer trimestre de 2015, apuntó que esto no es suficiente.
También se requería explicar argumentadamente la insuficiencia de medios del Estado y la anormalidad que explica la excepción. Sin embargo, el ministro de Salas, sólo indicó en lectura del decreto que se trataba de medidas para reducir los efectos de “la inflación inducida”, “especulación”, “sabotaje a los canales de distribución de bienes y servicios” y la “guerra de precios del petróleo”.
Para Balza Guanipa, las citas antes realizadas son la “explicación que se ha querido dar de la actual situación, que coloca como culpables a aquellos que posiblemente tendrían garantías suspendidas. No obstante, no comparte estos argumentos, ya que en su opinión el problema económico se debe a un mal manejo de los recursos públicos. Las propuestas que presente el Presidente deberán ser aprobadas por la Asamblea Nacional (AN) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Contenido injustificado
Respecto al contenido del decreto, Balza Guanipa recordó que por vía Habilitante una veintena de leyes fueron reformadas, entre estas la del BCV, y se aprobó en 2015 el Presupuesto Nacional vigente, por lo cual se pensaría que el Ejecutivo no requeriría de mayores medidas. Sólo restaban modificaciones del régimen cambiario, las cuales no fueron mencionadas. Por tanto, no quedaría clara la razón de dicha declaratoria.
Asimismo, calificó de “inaceptable” que el Ejecutivo pueda dictar medidas para asignar a organismos y entidades, tanto públicas como privadas, recursos extras , previstos o no en la Ley de Presupuesto Nacional, ya que desde el 2005 el gobierno ha manejado estructuras como el Fonden, Fondo Chino desde 2007, recursos de Pdvsa y otros, extrapresupuestarios, sobre los cuales aún no se ha rendición cuentas.
Comentó que Venezuela no ha carecido de recursos, sino de controles y rendición de cuentas.
Sobre la potestad que se le otorga al Ejecutivo Nacional para dictar medidas que le permitan disponer de aquellos bienes y servicios públicos o privados, a fin de garantizar el abastecimiento a la población, el docente universitario señaló que de esta manera se ve vulnerada la garantía de la propiedad privada, como parte del Estado de Excepción.
Sin embargo, recordó que el Gobierno ha tomado decisiones discutibles como la expropiación de Agroisleña, con lo cual no se logró recuperar la producción nacional.
También puede disponer de la producción venezolana, lo que en opinión del entrevistado es “sumamente preocupante”, ya que en situaciones de escasez como la actual, el Gobierno tomaría la decisión de cómo distribuir el producto, en un nivel superior de poder porque sería con la autorización de la Asamblea Nacional (AN).
Por tanto, comenta Ronald Balza, que este decreto sólo “terminaría por legalizar esas conductas y medidas”, que el Gobierno ya ha presentado, sin resolver el problema económico.
