“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular, y a ella están sometidos”.
El Poder Público idóneo para ejercer la soberanía popular es la Asamblea Nacional. El término “intransferiblemente” es más que elocuente. De modo que ningún Poder Público puede usurpar las decisiones del pueblo; y menos aún, cuando la expresión popular es de la dimensión del seis de diciembre. Tampoco a ningún Poder Público, por más abusivo o forajido que sea, se le debe permitir que desconozca la voluntad de casi catorce millones de electores. Porque una temeridad de tal naturaleza sería una vulgar provocación, cuyas consecuencias son imprevisibles, y éstas serían atribuibles a quienes provoquen al pueblo o intenten burlarse de él.
En las recientes elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela, el pueblo ejerció su soberanía de manera directa, según las disposiciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual, después de todo un proceso, a veces traumático por el grosero ventajismo del gobierno, proclamó a los 167 diputados que los ciudadanos de nuestro país seleccionaron en las transparentes máquinas de votación; incluso con el aval tecnológico de las respectivas “captahuellas”. Ni el CNE objetó nada ni a nadie, y los observadores y acompañantes nacionales e internacionales tampoco. Es tres semanas después, cuando se acerca la celebración del Año Nuevo, que el PSUV, partido del gobierno, humillantemente derrotado, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un juicio casi sumario para impedir la mayoría calificada que el pueblo le otorgó a la nueva Asamblea Nacional.
Con ese artículo 5 de la Constitución, los seudorevolucionarios han hecho todos los gargarismos que les han venido en ganas. Pues ahora se lo calan, porque además de garantizar el ejercicio de la soberanía popular, son casi catorce millones de venezolanos que así lo decidieron. Y nada más vinculante que esa expresión democrática tan contundente. ¡Ningún tribunal puede estar por encima de la voluntad del soberano!
