Como una decisión sensata fue calificada por el jurista José Gregorio Zaá, y el ex candidato presidencial Eduardo Fernández, la acción de los tres diputados de la Mesa de la Unidad, electos por Amazonas, de separarse de la Asamblea Nacional mientras transcurra el proceso de averiguaciones por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, luego de la impugnación por un presunto fraude en los pasados comicios del 6 de diciembre en esa región.
El jurista José Gregorio Zaá considera que a pesar del cuestionamiento de la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia, se trata de una decisión acertada el separarse de sus investiduras de diputados y acabar con la medida de no acatamiento de la AN, aun cuando debe revisarse quiénes son los magistrados actuales. “Pareciera tratarse de un departamento de asuntos políticos del PSUV, pero lo importante es que se evitó el enfrentamiento entre los poderes. Ahora tendrán que enfrentar el procedimiento contencioso”.
Cree que la oposición seguirá teniendo la mayoría calificada porque 109 es la tercera parte de 163. “Lo importante es que la asamblea comience a trabajar en las actividades pendientes para las cuales fue elegida el 6 de diciembre y la MUD seguirá teniendo la mayoría calificada a pesar de las interpretaciones erróneas que desde el Gobierno quieran hacer para arrebatársela”.
Cree que el Ejecutivo busca una especie de desmantelamiento del poder legislativo que ya no controla. “Hay que recordar que también están impugnando las elecciones en los tres circuitos de Aragua y el uno de Yaracuy, pero no lo van a lograr porque el país se pronunció el pasado 6-D. Los órganos oficiales están siendo usados en detrimento de la sociedad pero no les va a servir”.
Expresa que si las elecciones se repitiesen los tres diputados de Amazonas nuevamente serían de la MUD y lo que cambiaría sería la ventaja de votos que esta vez sería el doble de la lograda el pasado 6-D.
“Lo que buscan es arrebatarle a la MUD la mayoría calificada porque el artículo 349 de la Constitución Nacional establece que con las dos terceras partes de la AN se puede llamar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico o redactar una nueva Constitución”.
Cree que en la modificación de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia propuesta actualmente, debe ampliarse el número de magistrados de la Sala Electoral de 7 a 15 o 17 para evitar situaciones como la actual.
Funcionamiento
institucional
El ex candidato presidencial Eduardo Fernández también consideró una decisión sensata la de los diputados de la MUD para evitar un enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo, Judicial y el Legislativo. “Los felicito porque vieron más importante el funcionamiento de las instituciones que insistir en permanecer en la cámara”.
Refiere que ahora habrá que ver los argumentos del Gobierno para responderles y esperar que finalice el proceso para que sean juramentados nuevamente. “Podría ocurrir que la decisión sea que fueron mal elegidos y tendrían que repetirse las elecciones en Amazonas, pero estoy seguro que los mismos diputados serían elegidos con una mayoría aún más alta que con la que fueron electos el pasado 6 de diciembre”.
Fernández piensa que esta decisión nunca debió ocurrir y estas escaramuzas no deberían estar desviando la agenda de la AN, que debe ser tratar de resolver los problemas de los venezolanos.
“Creo que hay un exceso por parte de la Sala Electoral del TSJ con esta decisión porque la Asamblea es la que califica a sus miembros, es una mala actuación, esa es mi opinión y la de casi un país entero, lo cierto es que la Sala dictó esa decisión y los tres diputados sabiamente resolvieron el entuerto”.
Considera que la oposición mantiene la mayoría calificada porque 109 diputados son las dos terceras partes del total de diputados actual que descendió a 159.
Agregó que en caso de que el Gobierno, a través del TSJ y a partir de la acción de los diputados quisiera tomar otra decisión en contra de la Asamblea Nacional, sería muy lamentable porque están en el deber de acatar el artículo 136 de la Constitución Nacional que establece que los poderes públicos están en la obligación de colaborar unos con otros para lograr la gobernabilidad del país.
