Estados Unidos dijo el miércoles que ampliará su programa de refugiados para extender el beneficio a guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que así lo gestionen.
El nuevo programa, que será coordinado junto a ACNUR, la Organización Internacional de Migraciones y grupos no gubernamentales, es distinto a otro lanzado en diciembre del 2014 para otorgar refugio a menores centroamericanos que vivan en sus países y cuyos padres residan legalmente en Estados Unidos.
«Me complace anunciar que tenemos planes de expandir el programa estadounidense de admisión de refugiados para ayudar a familias e individuos vulnerables de El Salvador, Guatemala y Honduras», dijo el secretario de Estado John Kerry al pronunciar un discurso sobre las prioridades de la política exterior estadounidense durante 2016.
El Departamento de Estado dijo en un comunicado que los asilos podrán adjudicarse a personas que hayan sufrido persecución por cinco motivos: raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social específico.
Kerry formuló su anuncio un día después de que 146 congresistas demócratas acusaran al gobierno del presidente Barack Obama de abordar erróneamente como una crisis migratoria, y no como una crisis de refugiados, el éxodo de miles de personas procedentes de esas tres naciones que desde el verano de 2014 llegaron a Estados Unidos sin documentos, alegando que huyen de la violencia generada por el crimen organizado.
El programa anunciado el lunes se suma al lanzado en diciembre del 2014 para otorgar refugio a menores centroamericanos que vivan en sus países y cuyos padres residan legalmente en Estados Unidos.
El programa permite a los padres residentes en Estados Unidos de manera legal -con visado, residencia permanente, permiso temporal para residir y trabajar (TPS) o beneficiados con la suspensión temporal de deportaciones- solicitar de manera gratuita a las autoridades que su hijo reciba el estatus de refugiado.
Aquellos considerados legalmente como refugiados pueden trabajar legalmente de inmediato, optar al año siguiente a una residencia permanente y cinco años después a la naturalización.
