Para la doctora Adriana Vigilanza, especialista en Derecho Tributario y profesora de la Universidad Central de Venezuela, no existe justificación para que el presidente Nicolás Maduro solicite a la Asamblea Nacional aprobar un estado de emergencia económica.
La docente, quien elaboró el proyecto de Ley Orgánica de Hacienda Pública, consultada telefónicamente desde la redacción de EL IMPULSO, sobre el anuncio del jefe del Gobierno, indicó que el artículo 6 de la Ley sobre Estados de Excepción es muy claro.
Precisa que “el decreto que declare los estados de excepción será dictado en caso de estricta necesidad para solventar la situación de anormalidad, ampliando las facultades del Ejecutivo Nacional, con la restricción temporal de las garantías constitucionales permitidas y la ejecución, seguimiento, supervisión e inspección de las medidas que se adopten conforme a derecho».
La escasez e inflación, explica, no son producto de una «situación de anormalidad», acaecida en fecha reciente (que justifique que se necesite ahora, repito ahora, un Decreto de «emergencia económica»), y que sea ajena al propio accionar irresponsable y errado del régimen que gobierna, en materia económica, lo cual viene ocurriendo desde sus comienzos, con la primera «Ley Habilitante» de 2001.. Es decir, nada «anormal» y nuevo ha ocurrido en fecha reciente a esta «solicitud de Decreto de emergencia económica» a la AN, salvo que el 6 de diciembre, la oposición ganó la mayoría calificada en la AN. Pero, advirtió, eso no es algo “anormal», en lo económico.
«Anormal», en lo económico, en todo caso ha sido la constante violación a las garantías constitucionales, en materia económica, como la de que nadie puede ser privado de su propiedad, salvo por causa de utilidad pública o interés social. Pero eso no es nuevo y lo ha estado haciendo el propio Ejecutivo nacional, con tomas de empresas sin debido proceso de declaratoria de utilidad pública.
Todas esas tomas fueron al margen de la Constitución. En la práctica, este régimen llamado «Revolución Bolivariana» ha estado actuando, en lo económico, con todos los poderes excepcionales que le diera un «Decreto de Emergencia Económica» .
¿¨Por qué pide ahora a la AN, lo que siempre ha tenido a su disposición y violando la Constitución? Porque esa emergencia no puede ser, por ley, eterna, como ha sido en Venezuela. Sólo puede durar 60 días”.
De lo que en verdad se trata, advierte Vigilanza, es de engañar a incautos para que, en el evento de que la nueva AN niegue el Decreto (es su facultad hacerlo, con 3/5 partes de los votos), pretender culparla por el mega-desastre económico que ya tenemos y que se profundizará en estos primeros meses del año, mientras las medidas que pudiese tomar la AN no sean implementadas, por ese Poder ejecutivo, que es quien siempre tendrá la última palabra para ejecutar o no lo que ordene la Asamblea Nacional.
¿Para qué más?
Ya el Presidente está autorizado a hacer gastos no presupuestados, dice la doctora Vigilanza. Para eso crearon Fonden. “Para burlar el principio de la Unidad del Tesoro y de que no se puede hacer gasto que no esté en el presupuesto. Para eso estiman el presupuesto de la Nación con el precio del barril de petróleo muy por debajo del real.
Para contar con un excedente que les permita gastar en lo no presupuestado, a su antojo, con ese dinero «extra» (que se sabía entraría a la Nación). Nelson Merentes, Giordani, Rafael Ramírez y todo el que haya estado en la directiva de Fonden, saben de gastos no presupuestados y los han ordenado, como la obscena compra de «Notas estructuradas” o deuda basura, por parte de Merentes, negocio que dio enormes pérdidas a la Nación. Se sabe bien para qué ha querido el Presidente (éste actual y Chávez), gastar sin tener que presupuestar y rendir cuentas. El resultado es el caos financiero y económico que vivimos. No necesita el Presidente más poder. Lo que necesita es que se le quite el poder o se lo controle. Es vital para nosotros, los venezolanos de a pie, que Maduro no ejerza más el poder desmedido y sin control”.
