La escalada del conflicto entre el gobierno de Nicolás Maduro y un fortalecido parlamento opositor adentra a Venezuela en una crisis institucional, que complica aún más la solución de la grave crisis económica y profundiza la polarización del país.
En abierto desafío al TSJ, al que la oposición acusa de servir al chavismo, con la juramentación que presidió Ramos Allup, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reivindicó la mayoría calificada de dos tercios (112 de las 167 curules) que ganó en los comicios del 6 de diciembre, enterrando casi 17 años de dominio chavista en el Congreso.
«Prepárense para una lucha prolongada», advirtió por su parte el número dos del chavismo y exjefe parlamentario, Diosdado Cabello, tras señalar que esa decisión viola la Constitución y «vicia de nulidad» cualquier decisión del parlamento.
Cabello advirtió que ninguna decisión del parlamento será publicada en la gaceta oficial y pedirán al tesoro nacional no entregarle «ni un cinco» para su funcionamiento administrativo, lo que Ramos Allup calificó de una «fanfarronada».
«Estamos en un proceso de transición muy especial. Hay una confrontación porque no había separación de poderes», dijo a la AFP Mercedes Pulido, académica de prestigiosas universidades del país.
Colisión frontal
El martes, en la instalación de la Asamblea, Ramos Allup planteó la hoja de ruta de la MUD con el control del parlamento: presentar en un plazo máximo de seis meses una vía legal para cambiar el gobierno, liberar presos políticos y aprobar reformas económicas.
Las cartas que tiene para cumplir su cometido de cambiar al gobierno son un referendo revocatorio para cuando Maduro, elegido en abril de 2013 para un periodo de seis años, cumpla la mitad de su mandato, una reforma constitucional o una Asamblea Constituyente.
«Dicen que nos dan seis meses de vida. Para un golpe de Estado se necesitan cojones. Vamos a ver si los tienen», afirmó Cabello en su programa de televisión del miércoles en la noche.
La conformación del nuevo equipo de gobierno reveló la apuesta por una línea dura de izquierda en materia económica.
«El respaldo del presidente al ala ideológica del chavismo, marginando a los pragmáticos, no permite generar expectativas positivas de cambio. Las expectativas de conflicto institucional aumentan las expectativas negativas sobre la evolución de la economía nacional», opinó el economista Luis Vicente León.
