Si no hay políticas económicas para enfrentar la situación que estamos padeciendo, 2016 será un año de conmoción social.
Así lo vaticina Froilán Barrios, secretario general del Movimiento Laborista y miembro de la coordinación nacional del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, Salario y Sindicato (Fadess).
Nunca había habido tanta distancia entre el salario y el poder adquisitivo, explica. El trabajador y su familia están viviendo situaciones de precariedad.
El salario mínimo es de 9.648 bolívares mientras la cesta alimentaria está por el orden de los 80 mil bolívares y la canasta básica la duplica, es decir, 160 mil bolívares.
Inflación acelerada
Esto es muy preocupante, dice Froilán Barrios, sobre todo porque vemos que el Gobierno no se ha preocupado por adoptar medidas que frenen la inflación, que corre como caballo desbocado.
Los análisis hechos por expertos en la materia indican que el 2015 cerró con una inflación del 200 por ciento, lo cual es un récord histórico y, en consecuencia, se avecina una conflictividad social, ya que asi trabajaran los cinco miembros de una familia, que es el cuadro típico venezolano (padres y tres hijos en promedio), no llegan a tener ingresos para la canasta alimenticia.
Población laboral
Es importante que se sepa que de los 14 millones de la población laboral, aproximadamente 7 millones 800 mil están en el sector formal, de los cuales 2.500.000 forman la nómina del Estado y el resto, en el sector informal.
De los 14 millones, apenas tres millones gozan de contratación colectiva, ya que la inmensa mayoría no tiene contrato que le garantice beneficios.
Pero, de esos tres millones, aproximadamente, 2.300.000 tienen contratos con el sector público.
Cundo vemos que hay una mora por parte del patrón del Estado (ministerios, empresas públicas, gobernaciones, alcaldías y otros organismos) en la firma de contratos, la situación de los trabajadores empeora.
Un engaño fue lo que hizo el presidente Maduro con el denominado “contrato marco”, días antes de las elecciones del 6 de diciembre, porque realmente no hubo un aumento salarial.
Conflictividad social
La contratación colectiva está pendiente para discutirse ahora, en el 2016, precisamente en momentos en que el barril del petróleo está por debajo de los 30 dólares.
Conviene recordar que desde el 2008, la conflictividad social –en las áreas de educación, salud, laboral, libertades ciudadanas- en Venezuela se ha situado en promedio de 5 mil conflictos anualmente.
De todos estos conflictos, el 40 por ciento es laboral y, por tanto, este año se estima que será mayor porque la inflación presionará a los trabajadores para que les firmen sus contratos.
No puede el sector público alegar que el precio del barril bajó y pretender aplazar la discusión contractual.
Cuando el barril estaba a 100 dólares no se discutieron los contratos porque el Gobierno se preocupó por regalar el dinero a otros países, incluyendo “a gente del imperio” al que ha criticado duramente.
La situación que se presenta ahora implica una revisión profunda del presupuesto nacional, lo cual quiere decir que debe examinar las partidas para gastos militares, los viajes con enormes comitivas que tiene el oficialismo y la regaladera de petróleo.
-¿Cuál es el reto de los sindicalistas?
-El Gobierno dividió y fraccionó al movimiento sindical, logrando ese objetivo porque existen siete centrales sindicales en el país. Se trata ahora de recomponer para poder lograr los beneficios que reclaman los trabajadores. No se trata de conformar una sola central, sino de lograr un plan conjunto de acción. Ahora que hay una nueva Asamblea Nacional existe la oportunidad de llevar planteamientos relativos a la seguridad social, la Ley de Salud y la Ley de Libertad Sindical. Nosotros, como Movimiento Laborista, proponemos la Ley de Amnistía Laboral.
-¿Qué significa esta ley?
-Que se le reconozca a los trabajadores todos los derechos que le han sido negados a quienes fueron despedidos en el 2002 y 2003 por el paro cívico nacional y a los que despidieron en el 2004 por haber firmado la lista Tascón, que son aproximadamente 10 mil personas del sector público.
