Cuidado que lo jurídico no siempre es lo legítimo

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Poco asombrado, por tratarse ya de un irregular hecho típico en esta última década de gobierno en Venezuela, donde sus dos últimos presidentes “constitucionales” han disfrutado del poder supremo que le da ser el jefe del ejecutivo nacional y a la vez un “súper” legislador, habilitados cada uno de ellos, por la desvergüenza de  irresponsables parlamentarios, que dejando a un lado su deber y compromiso constitucional por el cual le fue confiado su voto por “el pueblo”, cedieron sus funciones, otorgadas por los votantes para el consenso y la discusión entre un poco más de 160 diputados, ahora, al sentir caprichoso de un único hombre que con buenas o malas intensiones legisla, muchas veces actuando incluso fuera de los ámbitos de su competencia. Así pues, el fallecido presidente antecesor durante su gobierno promulgó 215 “Decretos-Leyes”haciendo uso de leyes habilitantes, reformándose o dictándose nuevas leyes ordinarias, leyes especiales y leyes orgánicas, incluso aprobándose de manera unilateral, sin la discusión previa de todos los actores sociales,modificaciones sustanciales a leyes de trascendencia general para toda la población y para la economía del país como lo fue la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, hoy Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y sobre esta última puedo afirmar que la misma se encuentra “enmarañada” en un amplio número de lagunas dejadas al peligroso arbitrio interpretativo de los operadores de justicia.

Durante los años 2014 al 2015 el Ejecutivo Nacional pudiera haber aprobado un poco más de un centenar de nuevas leyes, en un uso abusivo de las denominadas leyes habilitantes, por cierto “la última”, vigente hasta el 31 de diciembre 2015, tenía como supuesto fundamento o justificación para su otorgamiento la necesidad de conceder al Presidente de República poderes especiales para legislar en materia de seguridad y resguardo a la soberanía nacional, ello con ocasión a la orden ejecutiva emanada del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en la cual se consideró que Venezuela representa una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidense, y sobre esta motivación se legisló en múltiples materias como por ejemplo en materia de seguridad social de los trabajadores  modificándose, igualmente sin previa discusión,  la “Ley de Alimentación de los Trabajadores y Trabajadoras”, ahora denominada “Ley del Cesta Ticket Socialista”.

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No se trata por cierto de entablar en esta tribuna una teórica y hasta fastidiosa discusión jurídica sobre la constitucionalidad o la legalidad en “buen derecho” de ese abanico de leyes promulgadas como  “juguetes esparcidos en piñata tumbada en fiesta infantil”, ello deberá ser tarea en algún momento de un Tribunal Supremo de Justicia que no responda a intereses políticos, sino a los intereses “teleológicos” que se desprenden de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los principios y fuentes en el que se inspira el sistema jurídico  formal, único mecanismo civilizado para el control y el orden de la sociedad; empero, lo que si es cierto es que dentro de esos centenares de improvisadas leyes se encuentran muchas que expresan el soborno populista que ha caracterizado a los gobiernos latinoamericanos en los últimos 100 años, logrando contar con la legitimidad de las mismas, pues han servido de bandera política para candidatos o figuras públicas, incluso con pleno desconocimiento sobre la materia en las cuales pretenden opinar.

Lo anterior es suficiente para afirmar, que un nuevo parlamento “pluritinto”, por cierto que suponemos jamás delegaría sus funciones, tiene que saber hilar fino para revisar e incluso modificar los Decretos Leyes que tengan características populares, entendiendo que siempre será necesario equilibrarse entre lo formal de la ley y el sentir de pueblo, procurando que cualquier reforma cuente con la legítima aceptación ciudadana, y siempre teniéndose como norte la verdadera justicia social, que se obtiene a través de la generación de empleos dignos y productivos que logren el desarrollo sustentable de la población.

Desde alguna parte de la pequeña Venecia, Diciembre 2015.

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