«Resulta evidente que el gobierno continúa desconociendo tanto la voluntad del pueblo como la Constitución de la República», afirmó la directora de la ong Acceso a la Justicia, Laura Louza, en referencia a la instancia creada por el actual Parlamento Nacional, denominada Parlamento Comunal.
«Lo primero que debe decirse es que la propuesta de creación de un estado comunal, con la comuna como eje principal del ejercicio del poder público, en sustitución de los municipios y otros entes y órganos del Estado, fue rechazada en el referéndum de reforma constitucional celebrado en diciembre de 2007, con lo cual lo relativo al estado comunal no sólo no está en la Constitución sino que en contra de un mandato popular expreso», manifestó por medio de un comunicado.
La jurista recordó que, pese a su inconstitucionalidad, a partir de 2010 se dictaron las llamadas “leyes del Poder Popular”, con las que se creó una estructura política basada en los consejos comunales como unidad mínima de organización.
«El Poder Popular tiene como objeto, de acuerdo con la parte final del artículo 6 de la Ley Orgánica de las Comunas (LOC), actuar en el “tránsito hacia la sociedad socialista” como única ideología permitida en Venezuela», alertó.
Por otro lado, Justicia y Proceso desmintió el argumento oficialista que sostiene que el estado comunal es la forma de organización más “pura” y “democrática”.
«Para elegir a los miembros de un Consejo Comunal basta con que participe el 20% de un censo hecho por particulares, y además pueden votar menores de edad (…) No se exige que el voto sea universal, directo y secreto, de modo que estas elecciones pueden hacerse a mano alzada y a la vista de todos, con el riesgo de la represión y coacción que esta situación representa», señaló el comunicado.
A esto se suma que los «voceros» ante el Consejo Ejecutivo, quienes «son ejecutores de políticas públicas», no son electos por los vecinos sino por los miembros de los Consejos Comunales y otras entidades como las llamadas empresas de producción social. Por lo tanto, «el carácter democrático es muy cuestionable», subrayó Louza.
En conclusión, la creación de un estado Comunal «afecta los derechos de todos los ciudadanos». «No garantiza el voto secreto, la participación del pueblo ni de las comunidades, la imparcialidad política, el respeto a las instituciones ni a autoridades electas democráticamente», sentenció la ong.
