El expresidente Ricardo Martinelli sostuvo que es blanco de una persecución y que se defenderá desde Estados Unidos después de que el máximo tribunal panameño ordenó su detención para que enfrente las acusaciones por presuntas escuchas ilegales a opositores.
Panamá ahora debe buscar la manera de traer al estrado al ex líder conservador y magnate de los supermercados de 63 años, bajo cuyo quinquenio (2009-2014) el país vivió un auge económico sin precedentes aunque salpicado de denuncias de corrupción.
Martinelli salió del país el 28 de enero y se ha radicado en Florida, lo que implica que Panamá va a tener que gestionar su extradición ante las autoridades estadounidenses.
El ex gobernante dijo en las redes sociales que es objeto de un proceso político y en un mensaje enviado al presentador de un noticiario de televisión local sostuvo que la coyuntura no favorece su retorno inmediato.
«Demostraré mi inocencia acá (Estados Unidos) porque allá (en Panamá) no hay justicia», expresó en su mensaje por chat y corroborado a The Associated Press por una de las voceras de su partido político, Astrid Salazar.
«Iré en el momento político adecuado si se da o después de que el tirano salga en el 2019», añadió en referencia a su sucesor Juan Carlos Varela.
Martinelli insiste en su argumento de que el proceso en su contra sobre los «pinchazos» y otros por corrupción son una venganza de Varela, quien fue su vicepresidente pero después de convirtió en acérrimo opositor al ser destituido como canciller casi a mitad de esa administración.
Varela rechaza los señalamientos de Martinelli y altos funcionarios del actual gobierno.
La justicia investiga las supuestas interceptaciones ilegales de las comunicaciones de al menos 150 panameños, entre los que figuran opositores políticos, líderes de la sociedad civil, gremialistas y periodistas.
El pleno de la Corte, de nueve magistrados, señaló en su dictamen del lunes que existe justificación para ordenar la detención provisional ante la desatención mostrada por Martinelli y que la medida se desprende de la decisión del juez de garantías en el caso, Jerónimo Mejía, que los declaró en rebeldía por no presentarse a una audiencia el 11 de diciembre.
Buena parte de los nueve jueces que ordenaron la detención de Martinelli fueron designados durante su mandato.
Uno de ellos es el magistrado y fiscal del caso Harry Díaz, quien busca traer a Martinelli a la audiencia y formularle cargos por los delitos de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, contra la administración pública y diferentes formas de peculado que podrían acarrearle al ex líder derechista 21 años de cárcel.
El fiscal Díaz aseguró en su escrito de acusación que cuenta con 73 pruebas testimoniales y 73 documentales que acreditarían esos delitos. Además de Martinelli también se sigue un proceso a dos exdirectores del Consejo de Seguridad de la presidencia -un organismo que puede hacer interceptaciones sólo autorizadas judicialmente- Gustavo Pérez y Alejandro Garúz, detenidos desde inicios de año.
Martinelli enfrenta el proceso aparte y en la Corte por el hecho de que es actualmente diputado del Parlamento Centroamericano. El exjefe de Estado debe comparecer ante el tribunal para que el proceso continúe.
Algunos analistas en Panamá creen que la situación jurídica de Martinelli se complicó con la orden de detención y algunos le aconsejaron que regrese para que enfrente a la justicia.
«Ahora su estatus cambia», planteó el analista político para el conglomerado de televisión Medcom, José Isabel Blandón. «Ahora se va a producir en las próximas semanas un proceso de extradición». Contra Martinelli también se podría girar un alerta roja de Interpol, señalaron otros expertos.
Los abogados de Martinelli en Panamá argumentan que a su cliente se le ha trastocado el debido proceso y normas interamericanas de derechos humanos.
