Los exmagistrados venezolanos Cecilia Sosa Gómez y Román José Duque Corredor denunciaron al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y al presidente saliente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por Rebelión Civil.
El escrito fue consignado este martes por Sosa Gómez ante la Fiscalía General de la República.
En su argumentación, los dos juristas señalan a los mencionados ciudadanos por “impedir que se cumpla con la institucionalidad e integridad de los poderes públicos, en concreto de la Asamblea Nacional, amenazando impedir su instalación el 5E, arrebatándole sus competencias constitucionales y sustituyéndola inconstitucional y subversivamente por un espurio Parlamento Comunal Atónomo, no elegido mediante el sufragio en la forma prevista en la Constitución ni en la ley electoral”.
Consideran quienes suscriben el escrito, que desde el inicio de la campaña electoral para la nueva Asamblea Nacional, el presidente Maduro ha llamado a sus partidarios para acciones al margen de la Constitución, solicitándoles entre otras acciones que se preparen para la “batalla”, anunciando “que saldrá a la calle” y “que si gana la derecha, habrá un baño de sangre”. Acotan que todos estos llamados han sido públicos, notorios y comunicacionales, y adjuntan referencias a videos y audios.
Los dos abogados fundamentan el texto en el Artículo 143, ordinal 1 del Código Penal “Serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años (…) Los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el Gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando”.
Tras los resultados electorales, los señores Maduro y Cabello reiteraron sus amenazas y las acompañaron con acciones conducentes al delito de rebelión civil, en perjuicio de los diputados electos de manera soberana por el electorado venezolano, estas amenazas se concretan diariamente por los medios de comunicación social como medios de comisión del delito de rebelión civil.
Por ello, solicitan ante la Fiscalía General de la República, se inicie la correspondiente investigación que puede conducir a antejuicio de mérito contra los ciudadanos Maduro y Cabello; así como la garantía judicial de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, protegiéndose así el derecho de los ciudadanos que la eligieron. El Ministerio Público debe velar por el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, que es de rango constitucional en Venezuela.
