El Gobierno pretende salirse con la suya, desconocer la mayoría parlamentaria, alcanzada por la Mesa de la Unidad Democrática y en consecuencia, al pueblo que votó por un cambio, así lo expresó el doctor Jorge Rosell cuando le preguntamos acerca de la posible designación de los magistrados anunciada por el Ejecutivo nacional, la cual pudiera efectuarse los próximos días.
“La decisión es ilegítima desde todo punto de vista”, sostiene el co redactor del Código Orgánico Procesal Penal, profesor universitario y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A juicio de Rosell, el Gobierno está muy apurado en designar a los magistrados porque procura que respondan a intereses políticos-partidistas. “El tiempo no es suficiente para cumplir con los lapsos previstos para la designación de los magistrados. Es imposible cumplir con los lapsos”, asegura.
Indicó que es necesario la postulación, publicación, período de impugnación (en caso de que existiese), argumentos de las candidaturas impugnadas, evaluación por parte del Poder Moral y Ciudadano y revisión por parte de la plenaria de la Asamblea Nacional para la respectiva decisión.
“Todo eso es imposible realizarlo de aquí al 5 de enero, cuando se instala la nueva Asamblea Nacional. En caso de que se materialice sería una designación totalmente arbitraria, que no cumple los lapsos, por lo cual puede ser impugnada posteriormente y declararse inconstitucional”.
En el caso de que el Gobierno cumpla su propósito, el nuevo parlamento puede desestimar esa designación y proceder a una nueva elección mediante los lapsos que establecen las leyes.
-¿Qué pretende el Gobierno?
-Toda ley tiene que pasar por la Sala Constitucional. Ese órgano debe ser autónomo y no sujeto a los deseos del Ejecutivo Nacional. Una Sala Constitucional determinada por el interés partidista del PSUV, que responda a los mandatos del Gobierno, obstruiría la labor legislativa de la Asamblea Nacional. La Sala Constitucional no puede ser manejada por el Gobierno, eso es antidemocrático, debe ser imparcial e independiente.
-¿Qué papel jugará la oposición?
-Los nuevos diputados, en caso de que el Gobierno cometa esta barbarie, deben declarar ilegal esa decisión y proceder a la designación de los magistrados que deben ocupar esos cargos. Además, se está adelantando la nueva elección porque el período de los magistrados actuales no ha concluido. Ese es otro escollo de este asunto.
-¿Qué buscan con la impugnación?
-Que el TSJ responda a un Poder Judicial independiente, constituido por jueces autónomos, que no responda a intereses económicos, políticos o partidistas. La independencia del Poder Judicial es una garantía ciudadana, eso quiere decir que los asuntos que plantee la ciudadanía se van a resolver conforme al Derecho y los hechos probados.
