Traer un niño al mundo, para quienes son madres y padres, suele ser una experiencia cargada de emotividad y alegría. Sin embargo, para muchas mujeres sometidas a la pobreza, la exclusión del sistema educativo, en comunidades marginales, la noticia de estar embarazada deja de ser buena. Obviamente, el embarazo precoz, además de ser un problema de salud pública, es también un problema cultural muy complejo. Según la Organización Mundial de la Salud “16 millones de niñas en edades comprendidas entre 15 y 19 años dan a luz cada año, 95% de ellas en países del Tercer Mundo”, lo cual revela que la precariedad económica y la contracción de las oportunidades ofrece un caldo de cultivo propicio para potenciar este fenómeno.
La sociedad venezolana suele ser muy cruel con las niñas embarazadas. La respuesta suele ser: “¿Quién te mando a abrir las piernas?” Usualmente la niña embarazada es expulsada de su hogar, despreciada por su familia, objeto de abandono por su pareja y, en muchos lamentables casos, sometida a una vida de privaciones y malos tratos como si se tratará de castigar con el parto el comportamiento indigno de embarazarse. Trato distinto se da a los padres irresponsables, he escuchado muchos relatos que terminan con la frase: “¿Quién sabe si ese muchacho es mío? Eso es problema de ella”.
En Venezuela las cifras son más que preocupantes. La Asociación Civil Construyendo Futuros indica que en el país «cada tres minutos, en promedio, una adolescente se embaraza, ya sea por descuido, ignorancia, deseo de ser madre, garantizarse recursos de un hombre o para recibir la protección de un criminal». En un artículo publicado por AFP y reproducido en El Nacional puede leerse: “En 2012, 22,3% de los nacimientos fueron de menores de 19 años, según el Instituto Nacional de Estadística, mientras que un reciente estudio del Fondo de Población de la ONU reveló que Venezuela, con 101 nacimientos por 1.000 mujeres de 15 a 19 años, tiene la mayor tasa de embarazo precoz en Sudamérica”.
El Estado venezolano, particularmente durante este gobierno, ha sido totalmente ineficiente para atender las sugerencias de la OMS en materia de prevención del embarazo adolescente, entre ellas: la promoción de la educación sexual, planificación familiar y disponibilidad de métodos anticonceptivos.
Aunque, como indicamos previamente, el embarazo adolescente responde también a dinámicas sociales atizadas por la pobreza y la marginación cultural. Atender este dilema de salud pública amerita respuestas a todos los niveles y no solo se trata de remitirnos al campo de la prevención, cuya importancia es trascendental, también el Estado venezolano puede observar algunas experiencias internacionales que pueden acrecentar nuestra batería de posibilidades frente a este difícil reto.
En España, a partir del 2010 los compañeros del PSOE, aprobaron la Ley Orgánica de Salud Sexual Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo cuyo artículo 13 indica: “Son requisitos necesarios de la interrupción voluntaria del embarazo: 1) Que se practique por un médico especialista o bajo su dirección, 2) Que se lleve a cabo en centro sanitario público o privado acreditado, 3) Que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o, en su caso, del representante legal y 4) En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad”. Esta puede ser una entre muchas y simultáneas respuestas que podemos dar al asunto, pero sentarnos a ver la grama crecer o mirarnos el ombligo no puede seguir siendo nuestra única actitud.
