Los 382 aspirantes a jueces del Tribunal Supremo de Justicia –TSJ- serán impugnados ante el Comité de Postulaciones del Parlamento unicameral por sospechas de ser abogados afines al Gobierno de Nicolás Maduro, se conoció hoy.
“Vamos a impugnarlos a todos; queremos que se demuestre si los postulantes reúnen las condiciones que exige la Constitución”, anunció René Molina, ex inspector general de tribunales.
La impugnación reclamará, advirtieron, que cada postulado demuestre que ha cursado un posgrado en materia jurídica y ejercido la abogacía y la docencia universitaria durante un mínimo de 15 años, algunos de los requisitos constitucionales previstos.
Según informó Molina y otros juristas al diario caraqueño El Nacional, la impugnación también alcanzará al procedimiento de selección en marcha que, asimismo, consideran viciado.
Molina advirtió que el lapso para las impugnación vence el 24 de diciembre, tras lo cual debe abrirse un intervalo para presentar pruebas y descargos, “que no debe ser menor a ocho días”, y después comenzará otro período “para examinar los expedientes”.
“Hablamos de un proceso que se extenderá hasta después del 15 de enero. No hay posibilidad de que nombren a los magistrados el 23 de diciembre. Tienen que acatar y los magistrados tienen que ser aprobados por la nueva Asamblea” Nacional, de mayoría opositora, remarcó Molina.
El abogado Enrique Romero adelantó a El Nacional que un Colegio de Abogados regional se sumará a la impugnación y que entre fallos de forma identificados consta la convocatoria a los postulantes.
El proceso está “absolutamente viciado porque la AN aprovechó la misma convocatoria que hizo a finales de 2014 para continuarla este año y deben ser dos distintas”, subrayó Romero.
La exjueza del Supremo Blanca Rosa Mármol de León acusó al oficialismo de “atropello a la Constitución al pretender designar de forma violenta” a nuevos magistrados, en lo que coincidió el también exmagistrado Jorge Rosell.
Todo el proceso de postulaciones debe repetirse “porque la independencia judicial es la base del sistema democrático y un TSJ seleccionado a discreción por la bancada del oficialismo de la actual Asamblea Nacional solamente buscaría bloquear las decisiones del nuevo Parlamento” opositor, apuntó Rosell.
“El Ejecutivo podría alegar inconstitucionalidad de ciertas leyes para que sean revisadas por la Sala Constitucional (del TSJ, supuestamente oficialista) y así se daría un bloqueo absoluto de las facultades del Parlamento”, que desde 2016 será controlado por la oposición, remató.
