Lo que está ocurriendo con un número indeterminado de personas que votaron por la Unidad, a quienes organismos y empresas del Estado han despedido de sus puestos de trabajo, a otras que no les venden en los mercados de la cadena nacional de distribución de alimentos y, en general, a aquellas que son perseguidas por el régimen, es una situación extremadamente grave, de violación de los derechos fundamentales, que no tiene precedentes en Venezuela.
Al hacer la afirmación Edgar Zambrano, abogado, ex sindicalista y diputado reelecto a la Asamblea Nacional, precisó que se están violando derechos humanos, garantías constitucionales y, derechos políticos de los ciudadanos.
Estas personas libres de coación expresaron, a través del ejercicio del sufragio, su voluntad, que fue confirmada por el árbitro.
Se viola el derecho al trabajo, igualmente de manera pública, notoria y comunicacional, el derecho de disentir, el de réplica constitucional, añadió.Todas estas actuaciones agresivas, discriminatorias, persecutorias y vejatorias están enmarcadas dentro del formato del abuso de poder del Gobierno, la aplicación de terrorismo de Estado contra los ciudadanos que expresaron su opinión diferente al régimen.
-¿Cómo asumirá la Mesa de la Unidad Democrática la defensa de estas personas?
-Nosotros tenemos conformados equipos de profesionales del Derecho, antes de las elecciones del 6 de diciembre, para estar atentos a todo el proceso. Y estos equipos se mantienen activos. Se les deben plantear cada una de las situaciones que están padeciendo. Desde la Unidad, a través de la bancada mayoritaria en el parlamento, tiene la obligación de asumir por mandato de los propios electores la defensa de sus principios. En tal sentido, hay que contrarrestar el abuso de poder deel Gobierno y la injerencia del Partido Socialista Unido de Venezuela en los poderes públicos y la arbitrariedad de los organismos de seguridad para perseguir y crear el caos y el terror en los ciudadanos.
-En el caso de los que han sido despedidos de sus puestos de trabajo, ¿qué pueden hacer si las dependencias a donde pueden acudir son regidas por el gobierno nacional?
-Aunque estas instancias están bajo el control del Gobierno hay que realizar los trámites correspondientes, es decir, ponerse a derecho, asesorados por profesionales. También pueden pasar por las sedes de la Mesa de la Unidad o de los partidos políticos que forman parte de la MUD, para buscar la asesoría. Porque ellos no han cometido ningún delito. El gobierno es el que está cometiendo delitos flagrantes porque trata de castigar en forma inaudita a quienes ejercieron el derecho al voto.
-¿Cómo frenar la práctica establecida en los mercales y otros abastos de no venderle productos de la dieta básica a los que presuntamente votaron por la Unidad?
-Este es un Gobierno torpe que no ha aprendido la lección democrática que le ha dado el pueblo veneolano el 6 de diciembre. Un gobierno que no encuentra camino para producir bienestar y mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. Este es un gobierno necio, obcecado, que está empeñado en imponer un sistema político y económico que ya fue rechazado de manera categórica por más del 70 por ciento de la población. Con esa práctica discriminatoria en los centros de abastecimiento de rubros de consumo masivo, lo que está es imponiendo un terrorismo sicológico. Pero, el efecto que está buscando se torna contrario y, por tanto, cada vez recibe mayor rechazo. Ya el pueblo le dio suficiente tiempo a este gobierno, cuyas políticas fracasaron estruendosamente y por eso fue castigado por los electores.
-Dentro de la misma forma de pensar del Gobierno, a mucha gente se ha amenazado con quitarle la vivienda que le fue adjudicada antes de las elecciones. ¿Cómo pueden hacer valer su derecho?
-Primeramente a la Defensoría del Pueblo y luego a las instancias jurisdiccionales para llenar el proceso administrativo. Tienen el derecho de ejercer las acciones pacíficas, democráticas, que nos permite la Constitución para hacer del conocimiento de la opinión pública estos atropellos.
