Habitantes de sectores del municipio Andrés Eloy Blanco, acudieron a la sede de la Defensoría del Pueblo de Lara en función de solicitar intermediación ante la discriminación que aseguran les afecta pues, al ser etiquetados por razones políticas, han sido discriminados a la hora de ser beneficiados con la compra de productos de la red Mercal y Pdval.
Esto ocurrió el pasado sábado cuando los residentes eran incluidos para comprar en el operativo sólo si pertenecían a una UBCH.
Señalaron que estas personas se basan en los resultados electorales del pasado 6 de diciembre para inferir, según las zonas donde la oposición ganó, quiénes pudieron haber apoyado a los opositores.
En el sector Palo Verde de Sanare, incluso, se habría formado una disputa que llegó a los golpes por negar la compra de alimentos y sólo así lograron comprar los productos de la cesta básica, según relato de los afectados.
En la parroquia Pío Tamayo y sus diferentes sectores en precisamente donde ha ocurrido esta irregularidad. Explicaron que el consejo comunal maneja un censo y entrega los números.
Situación similar les ocurre con relación a la venta de gas comunal.
“Antes también se presentaba pero no eran tan excluyente como ahora que nos dicen: no pueden comprar porque son de oposición”, resaltó uno de los afectados quien no se identificó.
300 rúbricas fueron anexadas al documento entregado en la Defensoría, “considerando que se niega la compra a las personas de escasos recursos y habitantes en condición de vulnerabilidad”.
Por su parte, Xiomara Aguilar vocera principal del consejo comunal Segundo Viera parte alta, manifestó que con la situación del país es muy difícil obtener los alimentos revendidos.
“Se hizo un censo de 250 bolsas de comida antes de las elecciones y ya se habían entregado los ticket casa por casa, le dieron largas y quedó para después de las elecciones, como supuestamente perdió el PSUV en la comunidad les dijeron que entregaran el ticket porque no habían votado por el proceso”.
Sospechan que son instrucciones “de arriba” porque han conocido casos similares en otros municipios.
Los respaldan
Manuel Virguez, abogado del movimiento Vinotinto, el cual se dedica a la defensa de los derechos humanos, acompañó la denuncia de los afectados. Fue contactado por personas de Sanare ante la situación y explicó que el artículo 21 de la Constitución ofrece la garantía de que ningún ciudadano por condición de credo, política o de ningún tipo pueden ser discriminados.
“Entendemos que existe una gran vinculación de las Ubch con la alcaldía de Andrés Eloy Blanco, de ser así una representación de la alcaldía debe reunirse con estos usuarios”.
Dijo haber recibido esta denuncia hasta ahora de dicha jurisdicción, aunque escuchó que se ha repetido en otros municipios. DBMH
