El chavismo celebrará este martes su última sesión ordinaria antes de ceder el control del parlamento venezolano a la oposición, en una jornada en la que podría tomar medidas para blindarse de cara a la legislatura que arrancará el 5 de enero.
El presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, anticipó que el oficialismo cumplirá su agenda legislativa antes de que culmine el año, incluido el nombramiento de una docena de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Esta decisión resulta clave ante un futuro choque entre gobierno y parlamento -en el que la oposición de centroderecha tendrá dos tercios de los diputados-, lo que obligaría a que ciertas disputas tengan que ser dirimidas por la máxima corte venezolana.
Tras el fin del período legislativo regular, normalmente se activa una «comisión delegada» que funciona hasta el inicio de la nueva legislatura. Una sus facultades es convocar a sesiones extraordinarias.
Integrada por Cabello -número dos del chavismo- y demás directivos de la cámara, esta comisión sin embargo «no tiene facultades legislativas ordinarias ni puede hacer nombramientos», explicó a la AFP el constitucionalista Gerardo Fernández, profesor de la Universidad Central.
Para designar a los jueces del TSJ, por ejemplo, tendría que citar a sesiones extras, indicó Fernández, quien no obstante estima insuficiente el tiempo para cumplir con los requisitos de ley.
Por ello, de darse esos nombramientos «podrían ser revocados por la nueva Asamblea», advirtió.
Con el fin de analizar los escenarios que plantea el remate de la legislatura, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se reunía este lunes a puerta cerrada, dijo a la AFP el secretario ejecutivo de la coalición opositora, Jesús Torrealba.
«No me queda duda que Diosdado Cabello buscará que los magistrados sean nombrados con la mayoría que tienen y llenar el Tribunal con jueces afines al partido de gobierno», declaró a la AFP Juan Manuel Trak, investigador del Centro de Estudios de la Universidad Católica Andrés Bello.
Conflicto de poderes en el horizonte
El período legislativo llega a su fin en un ambiente tenso tras la contundente derrota del chavismo en las elecciones del 6 de diciembre, en las que la oposición le arrebató el control de la Asamblea por primera vez en 16 años de gobierno.
Tras admitir el revés, el presidente Nicolás Maduro endureció su discurso señalando que enfrenta una «contrarrevolución», aupada por Estados Unidos, que busca imponer una agenda neoliberal y con la cual no habrá «cohabitación».
El mandatario socialista asegura que la MUD ganó los comicios apalancada en la «guerra económica», que según él desató junto con empresarios para crear desabastecimiento de productos básicos y descontento popular.
Pero la oposición sostiene que su triunfo revela una exigencia de «cambio» por parte de los venezolanos frente a un «modelo fracasado».
«O el gobierno cambia o tendremos que cambiar al gobierno», afirmó el domingo el gobernador y excandidato presidencial, Henrique Capriles, blandiendo el arma que tiene la nueva mayoría parlamentaria: convocar a un referendo revocatorio del mandato de Maduro a partir de abril de 2016, o acortar su mandato mediante una enmienda constitucional.
La MUD se ha planteado como prioridades una amnistía para unos 75 políticos presos y reformas económicas que pongan fin, entre otros, al férreo control de precios, al que culpa del desabastecimiento de dos tercios de los productos básicos.
Maduro advirtió que no permitirá el desmonte de las conquistas sociales y de las leyes que «protegen al pueblo»; y el fin de semana, ante el alto mando militar, llamó a las Fuerzas Armadas a alistarse para una «guerra no convencional», reiterando una vez más que no entregará la revolución.
Al mismo tiempo, ha llamado al oficialismo a una «profunda reflexión», reconociendo que el burocratismo y la corrupción permearon el proyecto fundado por Hugo Chávez (1999-2013).
En Venezuela el jefe de Estado tiene la potestad de disolver la Asamblea únicamente si ésta destituye consecutivamente a tres vicepresidentes, precisó el experto constitucionalista.
«Seguramente a partir del 5 de enero se generará un conflicto de poderes, pero es difícil determinar si esto conducirá a un bloqueo institucional por parte de los tres poderes del Estado», afirmó Trak.
