Por considerar que pone en entredicho los principios de independencia judicial, la organización no gubernamental Acceso a la Justicia cuestionó la designación de la jueza Susana Barreiros como nueva Defensora Publica General, por parte de la Asamblea Nacional en sesión del 10 de diciembre.
“Este nombramiento llama la atención, porque se trata de una jueza muy cuestionada, incluso por la ONU, por la condena a Leopoldo López y su consecuente falta de independencia judicial”, advirtió la ong a través de un comunicado.
En este sentido, Acceso a la Justicia recordó que tanto la Constitución nacional como los parámetros internacionales en materia de DDHH exigen que los titulares de los órganos del sistema de justicia, como es la Defensa Pública, sean independientes políticamente para evitar presiones que pongan en riesgo los derechos de los ciudadanos.
A estos, advirtieron, afecta especialmente tener a un defensor público politizado, porque “en la práctica no tendrá derecho a nada”.
“Se trata nada más y nada menos que de la asistencia jurídica gratuita de todo ciudadano y de un derecho humano fundamental, garantía necesaria para tener una defensa adecuada en un proceso, aunque no se cuente con los recursos para pagar a un abogado”, señaló la organización.
El nombramiento de Barreiro se produce cuatro días después de las elecciones que le dieron mayoría de 112 diputados a la oposición sobre el oficialismo. No obstante, los legisladores que deberán entregar el próximo 5 de enero no sólo avanzaron con este nombramiento, sino que han advertido sobre la próxima designación de 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
