La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional nombró el jueves como defensora pública general a la jueza Susana Barreiros, que emitió la condena contra el dirigente opositor Leopoldo López, en un abierto reto a la oposición que rechazó la designación porque considera que la funcionaria está profundamente cuestionada.
En un intento por demostrar que no quedó tan debilitada después del revés de las elecciones legislativas del seis de diciembre, la mayoría oficialista aprobó el nombramiento de Barreiros sin el respaldo la bancada opositora.
“Nada ni nadie, ningún chantaje de por medio, ninguna manipulación, ningún fariseísmo nos va hacer cambiar nuestra postura”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, poco antes de someter a votación la designación de Barreiros, quien condenó a López a casi 14 años de prisión en septiembre.
“No hubo, ni hay, ni habrá pacto con la burguesía. La revolución bolivariana seguirá adelante acompañando al pueblo de Venezuela”, indicó.
Cabello dijo que espera que los venezolanos entiendan que cometieron un error al votar mayoritariamente a favor de la oposición en las elecciones legislativas.
López, detenido desde hace 22 meses en una cárcel militar, fue acusado de promover unas violentas protestas en la capital el 12 de febrero del 2014 que dejaron tres muertos y decenas de heridos. El opositor y sus abogados rechazaron la condena y alegaron que no se le siguió el debido proceso y no se presentaron pruebas en su contra.
La coalición opositora ha señalado que al asumir el control del congreso el 5 de enero promoverá una ley de amnistía para lograr la liberación de López y otros de los llamados “presos políticos”. El presidente Nicolás Maduro ha declarado que no aprobará esa ley.
El analista político Luis Salamanca consideró las últimas acciones del oficialismo como medidas “desesperadas”, y dijo que están tratando de “contener un rio que se les viene que es incontenible”.
Salamanca afirmó que ante la “demoledora” derrota de los comicios legislativos del pasado domingo el oficialismo aún no ha logrado asimilar los resultados. “El golpe fue tan duro que están negando lo que pasó”, agregó.
El diputado Hermes García rechazó a nombre de la oposición la designación de Barreiros por considerar que era una jueza “profundamente cuestionada en su actuación ética y moral”, y dijo en un discurso que “esta Asamblea Nacional moribunda que hoy fenece se ha puesto con esta propuesta de espaldas a la voluntad popular”.
La mayoría oficialista también aprobó este jueves el traspaso de la administración, los equipos y la señal del canal y la radio del congreso a sus trabajadores, y una ley de comunicación del poder popular. Asimismo, se acordó solicitar al organismo que regula las telecomunicaciones entregar las licencias del canal y la radio del congreso a sus empleados.
Cabello dijo en un discurso que antes de que finalice este año la bancada oficialista espera aprobar el nombramiento de 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y otras leyes.
El dirigente dijo que el congreso saliente sesionará hasta el 4 de enero.
La decisión del oficialismo de acelerar el nombramiento de los magistrados del máximo tribunal fue desestimada por el dirigente y diputado electo, Henry Ramos Allup, que afirmó el miércoles que esa acción tiene “vuelo corto”. “Hagan lo que hagan todo eso es anulable y hay muchas vías para hacerlo”.
La oposición ha denunciado que el oficialismo presionó la jubilación adelantada de 12 de 32 magistrados del Tribunal Supremo para asegurar el control de esa instancia.
La organización internacional Human Rights Watch dijo el jueves en un comunicado que los presidentes latinoamericanos deben exigir a Venezuela que «los legisladores salientes renuncien a su intención de copar una vez más el Tribunal Supremo de Justicia con incondicionales al gobierno».
La coalición opositora logró en las elecciones parlamentarias 112 de los 167 escaños lo que le garantiza una mayoría calificada que le permitirá convocar a una Asamblea Constituyente y aprobar una reforma constitucional, designar o remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, la fiscalía general, el contralor general y el defensor del pueblo.
El oficialismo, que por tres lustros había dominado el congreso con amplia mayoría, deberá manejarse a partir de enero con 55 diputados.
