Decía Newton que una de las cosas más difíciles de descubrir es lo obvio. El análisis del conflicto universitario arroja todo un conjunto de dudas por la manera como lo planificó y ejecutó la dirigencia universitaria, la finalización del mismo, los resultados obtenidos y las perspectivas que se anuncian.
Quedó en el ambiente gremial la sensación generalizada que este episodio en la trayectoria de la institución gremial, la Fapuv una vez más pasó sin pena ni gloria. Que es una manera indulgente de calificar su actuación y ubicarla en un plano de neutralidad. Para otros, con más pena que gloria.
Obviamente, para sus directivos, en el plano discursivo y mediático, traduce el esfuerzo por convertir una victoria pírrica en la justificación de la excelsitud, en un declaratoria de ambigüedad tan característica, que ya no sorprende a nadie.
Sin una estrategia clara, a las puertas del vencimiento de la I Convención Colectiva Universitaria, desestimó la actuación y el procedimiento de sindicalización que se gestaba por parte del resto de los gremios universitarios, incluyendo empleados y obreros, siguiendo los requerimientos del órgano ministerial y la legislación vigente; haciendo a un lado la experiencia vivida en aquella ocasión. En esas condiciones, reclamaba para sí un derecho a discutir las condiciones laborales del profesorado, que incluso llegó a plantear la vuelta a las Actas Convenios particulares, firmadas con las autoridades de cada universidad en décadas pasadas, retrotrayéndose a una época anterior a las Normas de Homologación. Su incorporación a la mesa de discusión, fue una concesión del patrono, obviamente, en condiciones de desigualdad.
Obvió, en el examen del contexto, aspecto clave para el plan de acción, nada más y nada menos que la nueva realidad institucional universitaria así como la situación económica del país. Hablaba por la totalidad del sector, cuando solamente representaba a una parcialidad de diez casas de estudios.
Habiéndose instalado la mesa de negociación, llamó a la paralización de clases, y promovió la incorporación del sector estudiantil. No obstante, al firmarse la II CCU, continuó con el conflicto sin medir el desgaste, cambió los objetivos ante el apoyo de la Averu y extendió el cese de actividades, propiciando la pérdida de un semestre y, en algunas universidades, de todo el año lectivo. Mientras tanto, las dos terceras partes de las instituciones de educación superior continuaban clases y el precio del barril petrolero seguía en descenso. Las presiones por el reinicio de clases comenzaban a aflorar en una comunidad universitaria donde los trabajadores recibían progresivamente los beneficios salariales por parte del gobierno, sin desconocer que estaban por debajo de las expectativas.
Se propició un referéndum consultivo. Cerca de 9000 docentes se pronunciaron porque continuase la paralización de clases. La Junta Directiva de Fapuv aprobó “el reinicio de actividades docentes de aula, dejando la responsabilidad de la reprogramación y fecha de inicio a las Asociaciones en acuerdo con sus agremiados y los Consejos Universitarios o Consejos Directivos”. Agregó: “Con ello, nos proponemos redimensionar el conflicto en los nuevos escenarios y replantear sus términos, sin abandonarlo. Se mantiene la declaratoria de conflicto.”
También lució como obvio mantener el paro hasta las cercanías del 6D, como expresión política de la crisis, por razones electoreras. Era preferible esperar los resultados, se dice. El “academicidio” o impacto estudiantil no se discute.
