En el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales exigieron a la Asamblea Nacional que suspenda el proceso de designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por considerar que viola la Constitución y es poco transparente.
Adujeron que no reúne las condiciones de legalidad, oportunidad y participación de los diferentes sectores de la sociedad.
Uno de los cuestionamientos indica que el proceso de designación no se hace según los parámetros establecidos en los artículos 264 y 265 de la Constitución, que establecen que la votación debe hacerse contando con la aprobación de los dos tercios de la Asamblea Nacional. En lugar de ello se pretende aprobar a los nuevos magistrados con mayoría simple, como ocurrió con la designación de los 14 jueces que ingresaron al TSJ en diciembre de 2014.
Además de ello, «existen irregularidades en la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales», el cual de acuerdo a la Constitución debe ser imparcial e independiente.
Por otro lado, condenaron las ong´s como una violación a la Constitución el hecho de que el proceso «se impulsa luego de las elecciones parlamentarias y a pocos días de que se produzca la toma de posesión de los nuevos diputados. Se insiste en no tomar en cuenta a la sociedad civil ni a la pluralidad de tendencias políticas presentes en el país, sino más bien en promover discrecionalmente a Magistrados escogidos por un determinado sector político».
Por su parte, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales descalificó a la actual Asamblea Nacional para realizar los nombramientos, por considerar que es ilegítima luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre que dió mayoría calificada a la oposición.
«Es, por tanto, su deber republicano abstenerse inmediatamente de tomar decisiones sobre asuntos públicos, para los cuales la voluntad popular ha elegido a los integrantes de la nueva Asamblea, a menos de que se trate de asuntos rutinarios o simplemente formales», expresó un comunicado.
Así mismo la Academia advirtió que «una elección apresurada de magistrados, cuando los períodos de los que deben sustituir no se encuentran vencidos, realizada por una mayoría transitoria de diputados con sus períodos a punto de fenecer, y realizada mediante un procedimiento que no garantice “una selección y elección pública, objetiva, transparente e imparcial de los candidatos”, sería violatoria del orden constitucional, además de permitir la integración de un órgano fundamental del Estado en una forma que no favorece la independencia del Poder Judicial».
