Lo que parece y en el fondo es un verdad de Perogrullo, porque todo país democrático debe funcionar de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna, un Acuerdo Constitucional después del 6 de diciembre adquiere hoy una connotación no sólo nacional sino también internacional, si involucra a todos los ciudadanos, sin distingo de ideologías o de su militancia política, interesados en procurar un gobierno democrático, en el que se cumpla y se haga cumplir la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Un Acuerdo Nacional en el que se oigan las voces de los trabajadores, los empresarios, los jóvenes, los gremios profesionales, los políticos, los académicos, las iglesias y la Fuerza Armada para promover la constitución de un gobierno democrático, de reconciliación nacional, en el que no haya perseguidos ni perseguidores, descartada la retaliación o la venganza política.
Para lograr un régimen democrático se requieren varias agendas que deben ser ejecutadas por venezolanos democráticos y honestos en la conducción de la Administración Pública. En lo político se deben poner en vigencia todas las instituciones que caracterizan la democracia plena. Poner en libertad a los presos políticos, regreso de los exiliados, funcionamiento del Estado de Derecho que le dé autonomía a los Poderes Públicos, que los jueces juzguen y condenen a los culpables de delitos, por razones de verdadera justicia y no por venganza política. En síntesis, que se cumpla la Constitución Nacional, la Carta Interamericana Democrática y todos los acuerdos internacionales en la materia aprobados y refrendados por Venezuela.
En lo social se deben garantizar los derechos de la población de recibir servicios públicos eficientes como la electricidad, el agua y en particular una educación y una salud de calidad. Es urgente resolver el problema de la escasez y del alto costo de la vida que acosa a toda la ciudadanía y en mayor grado a los sectores de menores recursos. También es prioritario desmantelar las bandas criminales que actúan con impunidad contra el pueblo trabajador.
Y en lo económico se puede sintetizar que se requiere en el corto plazo estabilizar la economía, recuperar el ingreso familiar y crear confianza para la inversión nacional y extranjera; devolver a sus legítimos dueños las empresas y haciendas expropiadas y no pagadas; aumentar la producción de Pdvsa y nombrar una junta directiva capaz y honesta; trazar todas políticas que controlen la inflación, estimulen la producción nacional y la exportación; desmontar los controles que ahogan la economía nacional y acabar con las mafias que se han enriquecido ilícitamente y con impunidad.
La reconciliación nacional es de interés para la vida democrática de jóvenes, adultos y viejos, pero el tiempo apremia. Si la generación política que ha dirigido el país en los últimos 16 años, responsable de la polarización y del fracaso de las políticas públicas aplicadas, no es capaz de contribuir a reconciliar a los venezolanos, Venezuela puede entrar en una crisis impredecible.
El 6 de diciembre no sólo elegiremos una nueva Asamblea Nacional sino que también el país debe enfrentar la crispación en que ha caído la política nacional porque algunos altos funcionarios han sido señalados como incursos en delitos de corrupción, narcotráfico y de lesa humanidad, lo cual constituirá una dura prueba para las instituciones fundamentales de la nación. Incluso es factible que grupos paramilitares traten de crear un caos generando actos de violencia.
Para evitar actos de violencia o reducirlos a su mínima expresión, es imprescindible que las instituciones básicas de la nación, reflexionen y decidan gobernar sin discriminación política. Se tiene que eliminar la prédica de la división de la sociedad y de la descalificación de quien no piense como el gobernante del momento. Consolidar la convicción de que para alcanzar el progreso del país se requiere una atmósfera de paz, confianza y trabajo mancomunado del gobierno con empresarios y trabajadores.
Para que los habitantes de una nación disfruten de una cultura de paz, se requiere de la formación de ciudadanos pacíficos, respetuosos del Estado de Derecho, capaces de rechazar todo llamado o simple insinuación a la violencia.
