Unas 350 personas en el estado Lara se mantienen bajo régimen de presentación, recordó Andrés Colmenárez, vicepresidente de la Asociación Civil Justicia Solidaridad y Paz (Funpaz).
Al hacer un balance mencionó que 2015 inició con la detención de seis personas en el peaje El Cardenalito, que venían de Caracas hacia Maracaibo, en virtud de las protestas ciudadanas que tuvieron lugar a principios de año. Esto ocurrió el 5 de enero.
Resultaron detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cinco estudiantes y un señor de 65 años.
Estas personas fueron trasladas al Sebin de Barquisimeto. Los aprehendidos fueron devueltos a Caracas con prohibición de continuar su viaje a Maracaibo.
“La Constitución que consagra en el artículo 50 el libre tránsito, fue violentada por los órganos de seguridad del Estado”.
Posteriormente, el 23 de enero, se conoció la detención de la profesora universitaria jubilada María Parra y su hijo Marcel Silva, quienes fueron detenidos en una reconocida cadena de farmacias.
El caso fue presentado ante los tribunales siete días después.
La detención estuvo a cargo de la GNB y a ellos se les imputaron los delitos de resistencia a la autoridad y alteración del orden público. Permanecieron detenidos hasta el 29 de enero en el Destacamento 120, antiguo 47. Actualmente tienen libertad con medida cautelar de presentación cada ocho días. El juicio de estas personas continúa.
Luego, el 12 de febrero, el Sebin apresó a los médicos José Domingo Dávila La Cruz y Ana María Rojas, por presuntamente formar parte de un grupo de “guarimberos” y crear zozobra en la colectividad.
La acción se realizó mediante orden de allanamiento emitida por el Tribunal 9º de Control, firmado por la juez Elena García Montes.
“Estas personas conocieron los delitos de resistencia a la autoridad, porte ilícito de arma de fuego e intimidación pública. Actualmente esperan la ejecución del juicio bajo régimen de presentación”.
El 18 de abril la sociedad larense conoció la detención por parte del Sebin del ingeniero Luis Vásquez Corro, presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros del estado Lara.
“Según el testimonio de su esposa, las declaraciones de Vásquez, emitidas a EL IMPULSO, correspondían a un intento de generar una alarma eléctrica a escala nacional. Se le imputó el delito de noticias falsas. Actualmente, el ingeniero está bajo régimen de presentación siempre que el tribunal lo estipule. Igualmente espera por juicio”.
Se suma a estos eventos el caso de la señora María Elena Uzcátegui, detenida desde el 12 de septiembre de 2014. La condena fue de un año y tres meses. Está bajo arresto domiciliario. Todavía a la espera de juicio.
Permanece detenido el larense Jimmy Torres, jubilado de las Fuerzas Armadas. Fue sentenciado a más de cinco años de prisión en la cárcel de Ramo Verde.
Por otra parte, continúan bajo medida de presentación 80% de los imputados en las manifestaciones postpresidenciales de abril de 2013.
Asimismo, permanecen bajo régimen de presentación, cerca de 50% de las personas que fueron imputadas en los hechos suscitados entre el 12 de febrero y el 12 de septiembre de 2014.
OLP
En paralelo, Funpaz conoció la denuncia de la comunidad de La Sábila, tras la aplicación de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) aplicada el 10 de agosto de 2015.
“Nosotros fuimos al sector y conocimos que 21 personas fueron detenidas y luego puestas en libertad”.
Otra OLP se efectuó en Quíbor, dejando tres fallecidos. En zonas aledañas se detuvieron 19 personas.
El 17 de septiembre la OLP fue en Palavecino, donde detuvieron a 14 ciudadanos en zonas humildes de la zona. El último OLP fue en octubre en Pavia, donde los organismos de seguridad vieron como un logro el fallecimiento de dos personas.
“Desde Funpaz le hacemos un llamado de atención a los órganos de seguridad del estado, a fin de que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas que puedan ser detenidas en el marco de cualquier operativo o situación. Toda persona tiene la presunción de ser inocente hasta que un tribunal demuestre lo contrario”.
Oportunidad
Colmenárez señaló que en 2016 Venezuela tiene la oportunidad de presentar ante los organismos internacionales (ONU), detenciones que se ajusten al marco legal, teniendo como norma el respeto por los derechos humanos.
Considerando que el próximo año Venezuela se presentará ante el examen periódico universal, estipulado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Ley de Amnistía
Funpaz ha evaluado las propuestas de diversas personalidades en torno a una Ley de Amnistía para los presos políticos y procesados.
“Consideramos que toda persona necesita una libertad plena y absoluta para el disfrute de sus derechos constitucionales. Sin embargo, creemos que dicho instrumento no puede pasar por una Ley de Impunidad. No es lo mismo asumir una amnistía que aplicar una impunidad absoluta por parte de quienes hoy están detenidos e incluso por los acusadores”.
La ONG espera que una nueva AN alcance una Ley de Amnistía para todos los presos políticos y al mismo tiempo se promueva la aplicación del derecho judicial y penal a aquellas personas que han colaborado con la criminalización de la sociedad civil.
