Este domingo 6 de diciembre se realizarán las elecciones más cruciales de nuestro parlamento históricamente reconocido como el más antiguo de Latinoamérica. Es un proceso internacionalmente observado con preocupación por instituciones que han emitido documentos y declaraciones, apuntaladas últimamente en hechos de violencia que ya han producido muertes. Tal es el caso de la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas (ONU), Unión Europea, Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Amnistía Internacional y gobiernos de EEUU, España, Paraguay, Uruguay, Perú, Colombia, Brasil, Costa Rica y el electo de Argentina.
En agosto 2000 se instaló la primera Asamblea Nacional (AN), parlamento unicameral que sustituyó al tradicional bicameral, característico de Estados Federales, tal se define Venezuela en Carta Magna. Ese primogénito organismo estuvo conformado por alianza oficialista con 115 parlamentarios, que al año se redujo a 83. Los otros 82 eran del Bloque por la Autonomía. La segunda AN fue electa en 2005, con la absurda abstención de la Oposición y la tercera en vías de expiración, instalada el 5 de enero 2011 fue elegida con mayoría de votos de Oposición: 5.448.864 (48%), pero Oficialismo con 5.259.998 sufragios (46,4%) se asignó mayoría de diputados.
Para la cuarta AN se elegirán 167 diputados (dos más que los actuales). Para su conformación serán seleccionados en forma nominal 113 parlamentarios; 51 en lista y 3 nominales por representación indígena. Para el efecto se han constituido tres regiones: Occidente (Zulia, Mérida y Trujillo); Sur (Amazonas y Apure) y Oriente (Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Sucre).
La estructura unicameral impone un doble carácter a cada diputado: representante de la entidad federal (en la cual por expreso requisito constitucional, debe haber residido cuatro años consecutivos) y representante popular. La función parlamentaria es de dedicación exclusiva y estará sometida al referendo revocatorio.
Ética, moral y constitucionalmente consideramos que deben cumplir ese mandato. Así como de pasar a ejercer otra función en Administración Pública están impedidos de volver al Parlamento, deben estarlo cuando en forma perversa piden permiso para postularse a otros cargos de elección y de no ser favorecidos vuelven a su curul.
De las atribuciones de la AN destacan la función de control político sobre la Administración Pública.
Con votación calificada de las dos terceras partes puede ejercer voto de censura al Vicepresidente y a los Ministros. Otros mecanismos de control son interpelaciones, investigaciones, autorizaciones.
La AN tendrá iniciativa en materia de leyes, enmienda, reforma y Asamblea Constituyente. En lo relativo a la organización y funcionamiento cuenta con un Presidente, dos Vicepresidentes, un Secretario y un Subsecretario. El número de comisiones queda limitado a quince.
Aplicar la Constitución Nacional es el gran reto planteado para el nuevo parlamento, comenzando por el rescate de su origen etimológico: parler (hablar). Un autoritario reglamento limita a un solo día a la semana las sesiones ordinarias y la intervención de diputados. En los debates políticos tendrán un máximo de quince minutos y una segunda de siete. En discusión de acuerdos una inicial de cinco y la segunda de tres. Este mismo tiempo tendrá cuando fuera aludido o referido. Y en derechos fundamentales es prioridad el acceso al salón de sesiones, como históricamente se hacía, de periodistas, para divulgar “reunión de representantes del pueblo”. Rescatar la Institución es el reto de la votación del domingo.
Al margen. “Las Fuerzas Armadas se han convertido en el partido político que controla 92% de la economía del país”, es una de las relevantes conclusiones del libro El gran saqueo, de Carlos Tablante y Marcos Tarre.
Jordanalberto18
