No es difícil reconocer la importancia vital que tiene para la oposición la conquista de la Asamblea Nacional como un trampolín para materializar los cambios que plantea como fundamentales para el ejercicio pleno de la democracia en Venezuela. Los principales líderes y figuras de este espectro político han abrazado esta premisa como bandera para despertar en los ciudadanos el deseo de salir a votar el 6 de diciembre, teniendo como meta revertir los problemas que los aquejan: inseguridad, escasez, la pérdida de libertades políticas y económicas.
Sin embargo, una revisión suspicaz de los movimientos del actual Parlamento durante el último año, tales como la forzada designación de las autoridades del Poder Moral por mayoría roja, la igualmente forzada designación de 14 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por la misma vía, y el anuncio reciente de que otros 13 decidieron anticipar su jubilación, sugiere que el oficialismo estaría adoptando medidas para compensar una posible pérdida.
La mirada gira hacia el Poder Judicial. Allí descansa la Sala Constitucional, denominada la “máxima intérprete de la Constitución”, que en nombre de la integridad de la Carta Magna tiene la facultad de anular cualquier acto del Poder Público, incluyendo leyes, que sea declarado “inconstitucional” por al menos cuatro de sus siete magistrados (Artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 2010).
En este punto surgen varias interrogantes cuyas respuestas tendrán un efecto determinante en el destino político del país por los próximos tres años: Si gana las elecciones, ¿tendrá la oposición en la Asamblea Nacional la viabilidad para ejecutar los cambios que necesita, ya sea con 84 diputados que conforman mayoría simple, o con los 112 que se necesitan para lograr la mayoría calificada? De ser negativa la respuesta, ¿existe algún mecanismo democrático y constitucional para resolver el conflicto?
Y finalmente surge otra pregunta: ¿Esta consciente la dirigencia opositora de estas circunstancias, y se prepara para hacer frente a la hipotética situación?, ¿tendría la voluntad popular otra manera de hacer valer su voz por encima del abuso de poder?
Para abordar el asunto desde sus dos perspectivas, en este trabajo consultamos a figuras estelares del escenario político y a uno de los más calificados juristas del país: todos apuestan por que la voluntad popular se impondrá. Al final serán los ciudadanos quienes tengan la última palabra.
