Un fiscal federal solicitó el jueves que se desvincule al presidente electo Mauricio Macri de una causa que investiga escuchas ilegales a ciudadanos a través de una red de espionaje que funcionaba en dependencias de la alcaldía de Buenos Aires.
«Entiendo que corresponde desvincular de la presente investigación al ingeniero Mauricio Macri y hacer lugar al pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa del mismo», indicó el fiscal Jorge Di Lello en su fallo.
El juez federal Sebastián Casanello debe ahora dictaminar si acepta o no el pedido del fiscal. La decisión del magistrado puede ser apelada por las partes involucradas en otras tres instancias judiciales, entre ellas la Corte Suprema.
Macri, el conservador que derrotó el kirchnerismo en la segunda vuelta para elegir al sucesor de la presidenta Cristina Fernández, solicitó días atrás su desvinculación de la causa. Macri asumirá la presidencia el 10 de diciembre.
El alcalde saliente Buenos Aires había sido procesado en 2012 por su responsabilidad en el funcionamiento de una red de espionaje ilegal en dependencias de la alcaldía para intervenir teléfonos sin orden judicial, entre ellos el de su ex cuñado. Un tribunal de segunda instancia revocó el procesamiento, pero Macri continuó imputado en la causa a la espera de nuevas medidas de prueba solicitadas por la justicia.
El presidente electo, de 56 años, asumió la alcaldía en 2007 y fue reelecto en 2011. Siempre negó los cargos y denunció que la causa en su contra era una maniobra política urdida por el kirchnerismo para desacreditarlo.
El ex jefe de la policía de la ciudad, Jorge Palacios, el ex ministro de Educación de la capital Mariano Narodowski y un ex agente de inteligencia, entre otros, enfrentarán un juicio oral por esta investigación.
Además de la ex pareja de una hermana de Macri, también sufrió escuchas ilegales el familiar de una víctima del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994 y que había cuestionado duramente al alcalde por la designación de Palacios como primer jefe de la policía capitalina pese a estar procesado en una causa por irregularidades en la investigación del ataque terrorista.
El fiscal Di Lello basó su resolución en la declaración testimonial del ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad Guillermo Montenegro, en el cargo desde 2007, quien declaró que Macri no tenía injerencia sobre cuestiones operativas de la nueva policía.
El fiscal también argumentó que en la pesquisa se daba por probado que fue Franco Macri, el padre del presidente electo, quien había contratado en 2008 los servicios de una empresa privada de seguridad para el seguimiento de quien entonces era pareja de su hija Sandra «porque existía una preocupación par parte de éste por la seguridad» de la mujer.
