Hace unos días se instaló la misión de “acompañamiento electoral” de Unasur en nuestro país para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Es importante destacar que el acuerdo suscrito con Unasur, tal como lo establecen las normas del CNE, limita considerablemente lo que constituye una observación electoral calificada, por cuanto restringe las labores de observación prácticamente al día de las elecciones e, incluso, deja de manos atadas a los observadores para denunciar irregularidades públicamente e incluso expresar su opinión.
Una vez conformado el equipo de observación electoral y en una reunión preliminar con el PSUV y la MUD, la misión solicitó a esta última la firma del acuerdo de respeto a los resultados electorales, que anteriormente había sido propuesto y firmado por el PSUV a instancias del Consejo Nacional Electoral.
Recordemos que semanas atrás la MUD no suscribió el acuerdo porque no recogía ninguna de las propuestas que elevaron ante las autoridades electorales. Entre estas se encontraban la aceptación de observación internacional calificada, como la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, el control del ventajismo en la campaña y del uso indiscriminado de los recursos públicos. Además, la MUD solicitó que se realizará una campaña institucional destinada a informar a la población sobre el carácter secreto del voto.
Luego de la reunión con Unasur el vocero de la MUD, Jesús «Chúo» Torrealba, expresó que “la misión no merece ni el beneficio de la duda y su actuación será escrutada por el país, la región y el hemisferio”. Días después la organización rechazó firmar el acuerdo porque a su juicio era el mismo presentado por el PSUV.
Es importante destacar que dentro del mismo seno de la Unasur se presentaron importantes controversias sobre la integración y alcance de la misión. El pasado octubre la Corte Electoral Uruguaya (Uruguay es el país presidente pro témpore del organismo) alertó que, faltando prácticamente un mes para las elecciones, no se había “concretado el acuerdo y las condiciones para la observación”, considerando que este organismo esperaba no solo estar el día de la elección sino participar dentro de las auditorías y otros procesos.
Además, el Tribunal Superior Electoral de Brasil declinó participar en la misión por un supuesto veto de nuestro país al notable jurista Nelson Jobim, al tiempo que advertía que no estaban dadas las condiciones para una “observación objetiva e imparcial”.
En resumidas cuentas el “acompañamiento” llega cuando ya se realizaron todas las auditorías y a pocos días de las elecciones. Pero esto no es todo, tanto el expresidente colombiano Ernesto Samper, secretario general de Unasur, como el Jefe de la Misión, el expresidente dominicano Leonel Fernández, han manifestado públicamente su adhesión al proceso bolivariano. El caso de Fernández es más notorio, primero porque República Dominicana no pertenece a Unasur pero si se ha beneficiado de Petrocaribe desde el año 2005 y, en segundo lugar, el señor Fernández, fue muy cercano al Presidente Chávez, y ha visitado recientemente nuestro país para participar en la celebración del sesenta aniversario del natalicio del fallecido Presidente, así como en el III Congreso del PSUV, entre otras actividades vinculadas con el oficialismo.
La realidad es que existe una justificada inquietud por parte de un sector importante del país acerca del respeto a los resultados electorales por parte del gobierno nacional, en un contexto de graves amenazas, expresadas en el discurso oficial, que no han sido investigadas por parte de las autoridades electorales.
Un acuerdo de respeto a los resultados en el que no se consideren los puntos de vista y exigencias de todas las partes involucradas, es cualquier cosa menos un acuerdo. Diálogo, respeto, e igualdad entre las partes constituyen los elementos necesarios para lograr marcos mínimos de negociación. Si se descartan de plano los argumentos del otro, no es diálogo sino imposición.
La misión electoral de Unasur, debe convertirse en facilitadora de este diálogo entre las partes y hacer entender al gobierno su inmensa responsabilidad frente al proceso electoral que se avecina. Si se privilegia a unos actores sobre otros la misión perderá su razón de ser y los venezolanos asistiremos a una elección sin observadores, por tanto le corresponde a los electores votar y defender la voluntad popular.
