“¡Exprópiese!”, una expresión que remite indiscutiblemente a la época en la cual el presidente Hugo Chávez ejecutó una política de Estado. Malos recuerdos y esperanzas de volver a tener lo que siempre fue suyo quedan por parte de dos productores, quienes traen a colación cómo esta amenaza se materializó un día.
Casos sonados en el país fueron los centrales azucareros, Cemex, Industrias Diana, Agroisleña, Owens Illinois, entre otras.
De acuerdo a la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, la expropiación es una institución de Derecho Público mediante la cual el Estado actúa en beneficio de una causa de utilidad pública o de interés social, con la finalidad de obtener la transferencia forzosa del derecho de propiedad mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización.
Para el abogado Julio Pérez Graterol, en estos años que han transcurrido se ha demostrado que el efecto termina siendo el mismo, “si expropio y no garantizo continuidad de la misma, si rescato una finca y termino produciendo menos, disminuyo los bienes y servicios en Venezuela, habrá menos empleo, etc”. Menciona que incluso se cumple menos con obligaciones patronales.
Al ser menos eficaces, implica menos ingresos al impuesto sobre la renta “y todos perdemos”.
Historia en Lara
En el año 2008 un productor del municipio Morán (quien prefirió no sea revelada su identidad), recordó que su finca con extensión de 300 hectáreas, la cual generaba producción de los rubros caña de azúcar, tomate, pimentón, maíz, caraota, melgas de pasto, comenzó a recibir severas presiones por grupos afectos al gobierno que daban cuenta de una intención de arrebatarle las tierras.
En el 2010 el alcalde para aquel entonces, “empieza a generar clima de animadversión de la comunidad contra mi familia como si fuéramos terratenientes, explotadores de esclavos y como si el pueblo era el verdadero propietario de los terrenos”.
Comenta que nunca hubo demanda laboral contra ellos. “Eran más de 70 trabajadores fijos y en tiempo de zafra en la caña de azúcar, teníamos más de 200 personas laborando en la propiedad”.
Según relata, esta sería una propiedad de la familia por más de 200 años, cinco hermanos son copropietarios. La habían acondicionado desde hace 50 años con tecnología de riego por sistema de goteo, nivelación láser en casi todos los terrenos para mayor aprovechamiento del recurso agua y demás equipos de riego.
Producían 6.000 toneladas de caña anuales, 25 hectáreas de pasto de primera calidad para ganado lechero. Se lograba rendimiento de 30 mil kilos de tomate por hectárea al año.
“Ellos lo denominan rescate pero, ¿recatar qué? Tenemos una documentación desde el año 1600, le desmostramos una cadena titulativa con presencia de la familia en estos años”, dice.
Durante un año se generó un caos en la entrada de la finca, “no permitían ni salida ni entrada de trabajadores. Colocaban banderas alusivas al gobierno. Insultaban a los trabajadores como si estaban parcializados con los dueños y les decían que no permitieran que los explotaran”.
Finalmente la mayoría de los empleados se convirtieron en defensores de su puesto de trabajo, contó.
A mediados de 2009 secuestran la familia, se escuchaban disparos, nadie pudo salir durante dos días.
La Fiscalía levantó un expediente y se hizo una inspección en la finca por la Guardia Nacional y demuestran que la finca está completamente productiva.
“Más de 2 mil firmas recabamos en la comunidad y se llevaron ante el INTI en el 2010”.
A mediados del 2010, un documento del INTI les indica que el fundo está bajo figura de rescate. Un grupo de personas saquearon los equipos.
Todo esto desencadenó no sólo en el sinsabor y trago amargo de una familia amenazada, sino en la irreparable pérdida de un bebé en gestación que esperaba este productor junto a su esposa, ante la angustia permanente a la cual estaban sometidos.
Promesa sin cumplir
Entran en contradicción el INTI y la Fiscalía. “Finalmente Juan Carlos Loyo en aquel momento presidente del INTI de alguna manera se disculpó diciendo que fue un error, que fue manipulado y el alcalde le mintió y se comprometía a devolver la finca”.
Hasta ahora el silencio durante cinco años ha sido cruel, no hubo respuesta. Le dijeron que por razones políticas no les convenía hacer entrega de la propiedad.
“La finca la han destrozado, el sistema de riego, daños ecológicos espantosos como son destrucción de lagunas naturales, ecocidios en zonas montañosas donde protegíamos la fauna silvestre”, manifestó el productor.
Los trabajadores y sus familias se fueron de la zona para trabajar a otros estados, se dedicaron a buhoneros. Niños dejaron de estudiar porque se acabó el sustento y la estabilidad.
En el ámbito productivo hoy la caña de azúcar, principal rubro de esta zona, registra una merma del 60%.
Tradición productiva
Hasta la fecha se conoce que 11 ex presidentes de gremios productivos larenses han resultado severamente afectados con tal situación. De hecho, actualmente hay fincas en procesos de intervención.
La sexta y séptima generación de los Anzola, aún no logran comprender cuáles fueron los beneficios de la confiscación de la cual fueron objeto en el 2005. De los 16 centrales azucareros en el país, solo seis están en manos del sector privado, expresaron.
230 hectáreas fundamentalmente de caña en el estado Yaracuy les pertenecían, hoy están 100% improductivas. Recuerdan aquel alto rendimiento en materia de producción que los había hecho ser reconocidos.
En medio de un proceso de análisis, precisan que la importación sólo beneficia y crea empleos fuera del país.
Noel Alvarez (hijo), expresó que hace 10 años dos tercios del consumo nacional de este rubro eran producidos en Venezuela y se importaba un tercio. Hoy, esto se invirtió.
Es de resaltar, que si bien los productores no constituyen el grueso de la población, consumidores somos todos, y se incluye a la población oficialista quienes hoy en día deben hacer colas para lograr adquirir los productos básicos de alimentación. “Lo que vivimos hoy, es consecuencia del pasado”, concluyó Alvarez hijo.
En este sentido, esperan que una nueva mayoría opositora en la Asamblea Nacional pueda revertir los procesos de expropiación.
Abogado Pérez Graterol: “Si son productivos no deberían ser rescatados”
Desde el año 2001 el Instituto Nacional de Tierras (INTI) exige a propietarios de fundos rurales o predios una sucesión de títulos de propiedad desde el año 1848 hasta la actualidad. Esto implica demostrar una larga relación de identidad entre el comprador y vendedor. Si se rompía la cadena por errores o circunstancias, estaba sujeto a un rescate por el Estado.
El abogado Julio Pérez, analiza esta situación en el marco de los casos que ha defendido y acotó que el término jurídico empleado no es “expropiación” sino “rescate” del Estado, procedimiento que no lo considera lógico, “porque al comprar un terreno se verifican las operaciones de 20 años anteriores, irse al año 1.800 es exagerado y esto viola la Constitución y Código Civil”.
Explica que lo importante es que se haga el mejor uso del terreno, además de generar producción. En este sentido, esto no se corresponde con los fines de la Ley de Tierras, la cual procuraba que los fundos estuviesen productivos.
“El INTI empezó a rescatar fundos y darlos a ciertos ocupantes que no eran tenedores de la tierra. Entonces sin duda alguna entre la Ley de Tierras y el INTI hay una contradicción y actuaría de forma equivocada, rescatando terrenos que no debían ser rescatados”.
Precisa que muchas de estas personas no tenían pericia en el tema agropecuario y por ello la mayoría de estas tierras rescatadas están improductivas. “La política debió ser exigirle a los propietarios una migración de rubros o el uso óptimo de la tierra”.
Recuerda que en el Valle del turbio , el gobierno nacional consideró que cultivar caña de azúcar generaba un problema ecológico; habían inconvenientes razonables para ello, pero en vez de ejecutar o migrar los cultivos que le daban mejor uso al terreno, todas esas parcelas con potencial agrícola están hoy abandonadas.
“Se hizo un intento de sembrar girasoles y no se le dio seguimiento, fue un daño al patrimonio público. Sería bueno investigar el ente público que promovió eso y cuáles fueron los resultados”.
