Si a las violaciones a La Constitución de la República Bolivariana por parte del régimen que presidió Hugo Chávez, le agregamos una mayor y brutal represión del gobierno cívico militar de Nicolás Maduro, y el rotundo fracaso en materia de desarrollo económico del país y del bienestar de los venezolanos, la complicidad con funcionarios públicos, señalados internacionalmente, con vinculaciones con la corrupción y el narcotráfico, con las mafias organizadas del hampa que controla las cárceles, domina las calles y sobre todo los barrios más pobres donde asesinan a centenares de jóvenes en una semana, a miles en un mes y a un total de más de 200 mil en los 16 años de gobierno autoritario, la mayoría que creyó que Chávez iba a arreglar el país y votó por él en varias oportunidades, comienza a buscar otro rumbo democrático y de progreso para todos los venezolanos, porque los herederos han resultados peores.
Sin respeto alguno a fundamentales disposiciones constitucionales, no sólo han destruido las principales empresas públicas, como las de Guayana y Pdvsa, más las privadas expropiadas y otras amenazadas, sino también utilizado el Poder Judicial para condenar sin pruebas a dirigentes políticos de la oposición, inhabilitar a otros seguros ganadores en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, para que no puedan participar en las mismas, y secuestrar a luchadores de prestigio popular indiscutible como Antonio Ledezma, Manuel Rosales y al Alcalde Ceballos de San Cristóbal.
La primera manifestación de gobernar al margen de la Ley, fue la violación de la orden o del testamento del todavía Presidente de la República, Hugo Chávez, de que Nicolás Maduro terminara el período que se vencía el 10 de enero de 2013 y fuera escogido como su candidato en las elecciones que se realizarían de acuerdo a lo establecido en Constitución Nacional Bolivariana, con lo que se hizo evidente de hacia dónde nos conduciría la tendencia autoritaria que impuso el difunto Comandante en Jefe, desde su elección hasta diciembre de 2012, cuando apoyado o inspirado en esa política, los poderes Públicos se coludieron para que el Vicepresidente continuara en el poder usurpado.
Controlado el Poder Judicial por el Ejecutivo, los venezolanos no disponemos de una instancia nacional independiente para defender nuestros derechos constitucionales, desconocidos o violados por funcionarios públicos en complicidad con diferentes poderes para abusar de los límites legales de sus atribuciones.
Son varios los casos conocidos públicamente de ciudadanos que han apelado a todas las instancias legales del país y se han considerado burlados en sus derechos legales, y han tenido que acudir a organismos internacionales investidos de autoridad por Acuerdos y Convenios ratificados por Venezuela, para hacer valer sus derechos.
De allí que la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ordenada por el extinto Presidente Chávez, no solo retrocedió nuestro país a etapas primitivas de gobernar sin sometimiento a las leyes nacionales e internacionales, sino a la voluntad personal del gobernante que asume ilegalmente todos los poderes del Estado, como en las antiguas monarquías o en algunos regímenes personalistas que se creen enviados por la Providencia o por mandato de una historia creada por ellos, incluso para traspasar dicho poder a sus descendientes.
Afortunadamente, una evidente mayoría de electores en el país está enrumbada hacia una lucha democrática, pacífica y electoral, según lo acordado por la Mesa de Unidad (MUD) coordinada por Jesús (Chúo) Torrealba como Secretario Ejecutivo, y a unas elecciones en las que los venezolanos escogerán los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, y en las que la Alternativa Democrática, puede y debe triunfar para darle un vuelco a Venezuela, restaurar el sistema republicano de independencia de los Poderes Públicos, poner en funcionamiento las instituciones de una democracia moderna, aprobar una Ley de Amnistía para presos políticos y exiliados, y superar la crisis inflacionaria, el desabastecimiento, la inseguridad y las humillantes colas para tratar de conseguir algunos alimentos y medicinas.
Después de 16 años de violación de los Derechos Humanos de venezolanos inocentes, sentenciados algunos a 30 años de presidio por orden del desaparecido ¨comandante eterno¨, Hugo Chávez, como en el caso de los comisarios de la Policía Metropolitana Iván Simonovis, Forero y Vivas, los policías que también fueron encarcelados injustamente, la Juez Afiuni sentenciada por el ex-Presidente en un programa de televisión, el país democrático puede y debe intentar ponerle fin a semejantes arbitrariedades, y sobre todo impedir que las siga cometiendo el heredero Nicolás Maduro, sin una instancia internacional a la cual apelar, derrotándolo en en las elecciones del 6 de diciembre.
