La Ley de Precios Justos es una ley trasversal que ha vulnerado los derechos socioeconómicos y procesales de los venezolanos, afirmó Manuel Virguez, coordinador de la organización no gubernamental Movimiento Vinotinto, con base en un estudio que abordó el impacto de este instrumento legal en la población, en el contexto de la llamada «guerra económica».
«El tema con la Ley Orgánica de Costos y Precios justos no solo violenta y contraviene el Estado de Derecho, el debido proceso, la Constitución económica, el régimen socioeconómico constitucional, sino los cimientos propios de una economía que cada día se deteriora más, y que afecta la estabilidad emocional del venezolano», concluye un informe realizado entre enero y julio de este año.
La organización no gubernamental sostiene que en Venezuela se violan cotidianamente los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, en virtud de las decenas de controles que deben enfrentar tanto los comerciantes como los consumidores para poder adquirir productos y bienes básicos.
La intervención se concreta en actos como «resoluciones administrativas emanadas del SUNDDE, donde se establecen controles que van mucho más allá del margen de ganancia, estableciendo cuánto y cómo deben vender, despachar y almacenar, los miembros de las cadenas intermedias y los distribuidores, hasta sistema electrónicos de racionamiento como el muy conocido sistema biométrico», señala el informe.
Cabe destacar, los derechos económicos de los venezolanos estan amparados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, signado por el Estado en 2009 y aún no ratificado. El cumplimiento de este tratado es obligatorio en territorio nacional dado el rango constitucional que tiene, en concordancia con lo establecido en el artículo 112 de la Carta Magna.
En relación con la «guerra económica» que se ha utilizado como justificación para apretar el lazo legal sobre comerciantes y consumidores, Virguez aseguró que se trata de un «falso positivo» sin base en la realidad.
Derechos procesales
El lado más oscuro de la aplicación de la Ley de Precios Justos en el país tiene que ver con la afectación de los derechos al debido proceso y a la defensa, que son considerados derechos fundamentales. Se producen estas violaciones -asegura la ong- cuando se imponen los castigos o sanciones penales, que de manera irregular contempla el instrumento legal, a quienes son señalados como infractores.
«De acuerdo con cifras del Ministerio Público aportadas en marzo de este año, desde que se promulgó la LOPJ hasta esa fecha han sido procesados penalmente 2.000 empresarios, trabajadores, comerciantes y consumidores», señaló Virguez.
La misma fuente señala que se han practicado alrededor de 500 detenciones «transitorias», especialmente en cinco entidades del país: Bolívar, Lara, Miranda, Táchira y Zulia. El abogado destacó el caso de la señora María Parra, quien junto con su hijo fue detenida en un establecimiento comercial en Barquisimeto por reclamar la venta de papel sanitario, y pasó varios días privada de libertad en un destacamento policial.
Por otra parte, la ley contempla figuras «peligrosas», tales como el acaparamiento y contrabando «doméstico», que es sancionado con penas de prisión, así como la utilización de la figura del patriota cooperante como medio de prueba para procesar a una persona por estos «delitos» y privarla de libertad.
