La Corte Suprema chilena hizo lugar el miércoles a un recurso de protección en favor de los opositores venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos y dispuso que el gobierno de Chile pida a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA que constate las condiciones en que se encuentran detenidos.
El fallo señaló que en este caso se dan los requisitos para que actúe la jurisdicción internacional protectora de los derechos humanos porque los tribunales venezolanos «no aparecen actuando con suficiencia en la protección de los derechos de sus ciudadanos ya individualizados y hasta se podría sostener, con al menos cierta connivencia con los propósitos políticos del gobierno» del presidente Nicolás Maduro.
Añadió que otra razón para intervenir es que «la legislación de Chile se encuentra en completa armonía con el señalado derecho internacional».
El máximo tribunal chileno agregó que «habiendo una garantía constitucional que cautelar, como es el derecho a la vida» de López y Ceballos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA o un delegado suyo deben constituirse en los penales donde estén recluidos, constatar su salud, tomar sus impresiones e informar a la asamblea general del organismo internacional.
Indicó que la asamblea, una vez constatado el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos, debe adoptar «las medidas aconsejables a la adecuada protección» de los derechos esenciales de López y Ceballos e informar a la Corte Suprema chilena.
La condena a 13 años y nueve meses de prisión contra el López ha desatado numerosas reacciones de organismos internacionales, grupos humanitarios y gobiernos de distintos países que han abogado por su liberación por considerarlo un preso político. Pero el gobierno venezolano sostiene que su condena fue apegada a la justicia.
A mediados de septiembre el Senado chileno había aprobado un proyecto de acuerdo en rechazo a la condena a López y había solicitado a la OEA que «ejerza sus buenos oficios» para que él y Ceballos sean liberados. Luego, dos ciudadanos interpusieron un recurso de protección ante los tribunales locales que llegó a la Corte Suprema. Ni el proyecto de acuerdo y ni el fallo de la Corte tienen poder de presión sobre el gobierno de Maduro.
