Con una moción de urgencia, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jhonny Colmenárez, durante la sesión de este martes del Consejo Legislativo, planteó la situación por la que viene atravesando el cuerpo policial del estado Lara, pues sus funcionarios tienen un ingreso por debajo del salario mínimo y no cuentan con los equipos y vehículos adecuados para el cumplimiento de su trabajo.
Se pronunció a propósito de la denuncia de un oficial que se encadenó el lunes a las afueras de la comandancia de Polilara y quien sufrió un accidente en el mes de julio, pero no pudo ser intervenido de inmediato porque el seguro no era aceptado en el ningún centro de salud.
Colmenares criticó que la Gobernación no le garantice a los funcionarios beneficios tan importantes y tampoco se preocupe por brindarles salarios acordes al trabajo que desempeñan. Aseguró que Polilara se encuentra entre las peores pagadas del país y comparó el salario que percibe un oficial de la Policía de Aragua que supera los 20.000 bolívares mensuales con el de Lara de un mismo rango, que es de 7.421,58 bolívares.
“Cómo es posible que una persona con un trabajo de cuidar a la ciudadanía y que pone en riesgo su vida, gane tan poco dinero”, criticó el parlamentario.
El caso fue remitido a la comisión de Derechos Humanos del CLEL, que deberá iniciar una investigación al respecto.
Exponen crisis farmacológica
En la sesión de ayer también se discutió sobre la situación de la salud en la entidad y la diputada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Sagrario Pérez, pidió que se creara una comisión especial del parlamento para hacerle seguimiento a la escasez de medicamentos destinados a las embarazadas, situación que se viene registrando desde hace meses. Especialmente se refirió al calcio natal y el ácido fólico.
La propuesta fue aprobada y la comisión deberá presentar un informe en 15 días.
Ernesto Sepúlveda lamentó que la solicitud hecha por el parlamentario Leonardo Torres de
llamar a los directivos del Hospital Pastor Oropeza, para que rindiera cuenta en relación a una supuesta mala praxis denunciada por un paciente, haya sido negada por la bancada oficialista.
“Estos casos no pueden ser politizados y ser rechazados sólo porque se tratan de instituciones que dependen del Gobierno nacional”.
