Con los impuestos que el Gobierno nacional está pechando a las cooperativas se está atentando contra un proceso de organización comunitaria que está dando respuestas a la familia venezolana.
La afirmación corresponde a Luis Delgado, superintendente nacional de cooperativas durante los gobiernos de los presidentes Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins.
Puso como ejemplo el que todos los fines de semana acuden unas 70 mil personas a los mercados de Cecosesola en Barquisimeto a adquirir los productos de primera necesidad.
Insistió en lo negativo de los impuestos a esos movimientos como si se tratase de empresas privadas, aún cuando estas si obtienen ganancias y ellos no.
Para Delgado, pareciera como si el Gobierno estuviera empeñado en acabar con las cooperativas aplicándoles el impuesto sobre la renta, como a la empresa privada, que tiene descuentos por sus pagos a trabajadores, lo que no ocurre con esos movimientos.
Puso como ejemplo que las empresas de capital apartan solo el 16% para sus gastos extras, quedándoles el 84% para sus gastos ordinarios, mientras que las cooperatias destinan cerca del 38% de su utilidad bruta, quedándoles solamente el 62% para sus gastos ordinarios.
“Una organización que se ajuste a la Ley Especial de Cooperativas, donde todos sus trabajadores son asociados y reinvierten sus excedentes en función social, estaría en la obligación de apartar de sus ingresos más que el doble que una empresa privada”, puntualizó.
Presume que los autores de esa imposición ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, como ha quedado evidenciado en las reuniones que han celebradol con funcionarios del Seniat.
“Ellos dicen que tampoco fueron consultados, que fue una decisión tomada a nivel del ministro, del presidente del Seniat, no saben quien”, agregó.
Por otra parte, denunció la creación de una serie de cooperativas que no reúnen las condiciones como tales y por eso muchas de ellas desaparecían.
Puso como ejemplo que en el actual período de Gobierno se pasó de mil a setenta mil activas, y legalizadas unas 400 mil, porque “ahora las hay por todos lados, unas muy buenas, pero muchas manchadas por esa imagen de las que falsifican la realidad”.
Entre esas están las de los mototaxistas, o de las que les prestan servicios a ellos.
Piensa que, en primer lugar, el Estado no debe contratarlas, y en segundo, la Superintendencia de Cooperativas debe actuar contra aquellas que son ilegales, falsas, pues dispone de suficientes instrumentos jurídicos para hacerlo.
