La directiva de la Policía de Lara todavía no encuentra una explicación razonable para entender cómo los privados de libertad del Centro de Coordinación Policial Juan de Villegas I lograron ceder un enrejado de hierro en el techo que permitió que diez de ellos se fugaran.
Aseguran que fue un trabajo progresivo que finalmente dio resultado la madrugada de este lunes. En la celda estaban 51 reos pero sólo diez se escaparon antes de que los funcionarios en custodia se percataran y lograran frenar las intenciones del resto.
Hay dos averiguaciones por el caso. Una la lleva la Fiscalía del Ministerio Público y otra la dirección de Polilara. En la investigación se determinará si hubo culpabilidad o no de los efectivos que estaban en custodia.
Edilberto León, director de Seguridad y Orden Público del estado Lara, señaló que en la comisaría hay hacinamiento. La celda es apta para 20 personas, está en precarias condiciones, la sobrepoblación alcanza el 155 % y no están clasificados por delitos, por lo cual las circunstancias se prestan para este tipo de situaciones.
En todo el territorio larense, el escenario es similar. Sumando la capacidad de todos los calabozos de la policía, además de la estación central ubicada en la Comandancia General, es posible albergar a 240 privados por un tiempo máximo de 72 horas; sin embargo actualmente alojan a 853 reos.
La gran mayoría de los detenidos están procesados pero también hay quienes ya están cumpliendo pena.
En las cárceles no los reciben
“La situación es crítica” manifestó León quien además señaló que hace 15 días fueron recibidos 20 hombres en la Comunidad Penitenciaria Fénix pero no hay traslado masivo desde diciembre de 2014 cuando hubo Plan Cayapa.
León dijo que hace dos meses sostuvieron una reunión en el Consejo Legislativo del estado Lara (CLEL) y expusieron que en todos los calabozos existe hacinamiento, por ejemplo, en la División de Homicidios del Cicpc hay más de 60 detenidos, en un espacio para ocho.
¿Y las nuevas cárceles?
En el marco de la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en Lara, se le consultó al general Conrado Zamora, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) sobre el destino de los detenidos en dicho plan de seguridad. Dijo, en fecha 21 de agosto, que “la ministra Iris Varela lo tiene en cuenta” . Dos meses después, la ministra todavía no ha hecho anuncios con respecto a la construcción de centros penitenciarios.
