La Unión de Naciones Suramericanas aprobó este viernes el envío de una misión de observación electoral para las elecciones parlamentarias de Venezuela, previstas para el 6 de diciembre, lo que fue saludado por la oposición de ese país.
Un comunicado de ese organismo señaló que la decisión aprobada por consenso «ratifica la confianza» en las misiones electorales del bloque sudamericano.
El secretario general del bloque, Ernesto Samper, citado por ese comunicado dijo que la misión representa «la oportunidad para que los millones de venezolanos decidan por ellos mismos… el curso que desean para su país en los próximos años».
No quedó en claro si fueron superados los obstáculos que parecían amenazar la presencia del equipo de observación de Unasur, particularmente después que organismos electorales de Uruguay y Brasil se quejaron por la falta de respuesta de Venezuela sobre las garantías necesarias para una «observación objetiva, imparcial e integral».
La Corte Electoral Uruguaya, que preside el Consejo Electoral de Unasur, advirtió la semana pasada que la proximidad de las elecciones y el vencimiento de los plazos para constituir un equipo de observadores ponen «en riesgo el sentido mismo de la misión».
En octubre, el Tribunal Superior Electoral de Brasil declinó integrar la misión de Unasur y explicó que su decisión se debía a la falta de respuesta de Venezuela sobre las garantías necesarias para una «observación objetiva, imparcial e integral».
Reacción de la MUD
La decisión de Unasur demuestra que «teníamos razón los que decíamos que aquí iba a haber observación internacional quisiera usted o no», dijo el secretario ejecutivo de la Mesa Jesús Torrealba dirigiéndose a la presidenta del Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE), Tibisay Lucena.
«El pasado domingo, usted declaró que la observación electoral era prescindible porque las garantías las daba usted, las daba el CNE. El lunes yo dije que aquí habría observación internacional así usted y su jefe, Nicolás Maduro, quisieran o no», aseveró.
Los críticos del gobierno han acusado repetidamente al Consejo de fijar fechas que se adapten a los objetivos políticos del Ejecutivo, mientras que cuatro de los cinco directivos son vistos generalmente como cercanos al oficialismo.
