Estudiantes, personal obrero, docente y administrativo, así como autoridades, se pronunciaron en rechazo a la decisión de la Asamblea Nacional de intervenir en el conflicto universitario.
Los diputados oficialistas suscribieron acuerdo, en la reciente sesión del martes, en la cual solicitan crear una comisión de juristas para denunciar a los cuentadantes de las universidades, así como realizar una auditoría a aquellas instituciones de educación superior que se encuentren sin actividades de aula, además de tomar medidas ante el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo por las medidas tomadas por el cuerpo docente y por último realizar un análisis de los recursos otorgados a las casas de estudio que permanecen sin actividades. Iraiby Rodríguez, estudiante de Medicina de la UCLA, consideró que es un atropello a la autonomía universitaria. “Durante 16 años la casa de estudios ha sido el único espacio irreverente y que se ha revelado en contra de tantas injusticias que ha venido realizando este Gobierno”, ratificó Rodríguez.
Señaló que el Ejecutivo Nacional pretende que los estudiantes caigan en actos violentos, pero que esto no sucederá, sin embargo permanecerán alzando sus voces ante los abusos .
“Sí vamos a protestar de manera pacífica, sí vamos a generar propuestas e incentivar a todos los venezolanos para que sepan que esta crisis que se vive en el sector universitario nos afecta a todos porque los profesionales que se forman en las instituciones venezolanas son los que el día de mañana servirán a toda la colectividad”, afirmó la vocera estudiantil.
Estudiantes de la Unexpo, también se pronunciaron. Según Carlos Ballesteros y Marcos Ávila, dirigentes estudiantiles, “pueden hacer una auditoría, llamando a las autoridades y estudiantes”, pero exigen que se realice sin tintes políticos.
“Creemos que todo esto es una manera de desviar la mirada del problema de fondo de las universidades”, aseguró Carlos Ballesteros. Advierten que, “la AN, puede llamar a los rectores y pedir todos los datos y darse cuenta que los presupuestos aprobados, son insuficientes para el correcto funcionamiento de las casas de estudio”. Según los dirigentes “estas declaraciones son para promover una intervención de las universidades autónomas”.
De igual forma estudiantes de la UFT rechazaron los puntos planteados en el Parlamento. Consideran que el Ejecutivo Nacional es el culpable de toda la crisis que en el sector universitario afecta tanto a instituciones públicas como privadas, debido a que gran parte del problema se debe a la situación económica que se vive en el país.
Falta compromiso oficial
Por su parte la profesora Déborah Velásquez, presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA (Apucla), consideró que la medida tomada por la AN puso en evidencia el poco compromiso que existe por parte del Gobierno de debatir con firmeza la realidad que se viven en las casas universitarias.
Afirma que primero se debió convocar a los rectores, profesores y estudiantes para escuchar lo que tienen que decir respecto a la crisis universitaria. Señaló que no se le está dando la atención correspondiente a la educación y se obstaculiza más el conflicto que se vive.
De igual forma el personal administrativo, a través de Rubén Darío Albornoz, presidente de la Asociación de Trabajadores Administrativos de la UCLA (Ataucla), repudió las acciones de la AN: “En lugar de aprobar recursos lo que hacen es culpar a rectores y no asumir que no hacen bien su trabajo”, expresó.
Afirmó que quien mantienen las universidades paralizadas es el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior por no saber administrar y cubrir las demandas de las universidades.
Cecilia García Arocha: «Gobierno debe dialogar»
Reunirse con docentes, estudiantes, autoridades y trabajadores para establecer acuerdos que permitan aminorar el conflicto y enfocarse en el desarrollo del país, es la actitud que debería tener el Gobierno nacional respecto a las universidades, aseguró la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha.
«La responsabilidad de la universidad es formar jóvenes bien preparados para que se inserten en el desarrollo de la nación. Es por este motivo que los rectores tenemos que velar por la correcta formación de nuestros estudiantes, por una universidad abierta, funcionando, de calidad, que le brinde la posibilidad de circular por sus espacios con tranquilidad, que se destaque por su poder de investigación y por su extensión universitaria” argumentó.
Insistió en que la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) no tiene la potestad para convocar a paro, pero sí respetan la lucha que manifiestan los gremios, la cual no se trata únicamente de un sueldo justo.
“Se trata de las providencias estudiantiles para que estén acordes con el desarrollo de nuestros estudiantes. Llámese comedor, llámese transporte, becas, la formación integral de un estudiante en cultura, en deporte, en docencia, en extensión y, por supuesto (…)Tenemos 8 años recibiendo un presupuesto reconducido y reducido. Para el año 2016 el presupuesto asignado es del 32% de lo solicitado, con lo cual solo se puede pagar aproximadamente 90% de sueldos y salarios. ¿Qué queda para funcionar?», expresó García Arocha.
Ante las precariedades que actualmente presenta la casa de estudio que preside y 17 universidades más, confía en que se dará la reconciliación y el diálogo porque se debe partir con un mensaje de esperanza y voluntad para construir el futuro.
Apucv rechaza cuestionamientos
El presidente de la Apucv, Víctor Márquez, recordó que desde el 2007 el presupuesto es deficitario; el 80% se destina a cancelar el sueldo de los trabajadores, el cual califica de miserable, el 10% a las providencias estudiantiles y el 10% para las necesidades de la institución.
Destacó que la baja del petróleo no puede significar una excusa para negar los recursos, cuando el presidente Nicolás Maduro aseguró que aunque los precios bajaran, el país estaría blindado o cuando se asigna más dinero a la compra de aviones Sukhoi que a cumplir con las universidades.
«Vemos con preocupación que una institución como la Asamblea Nacional, cuya característica fundamental es el debate de ideas, haga uso de términos que no se corresponden con la realidad», argumentó Márquez.
No a la intervención
Por su parte, el presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU), Hasler Iglesias, expresó que el movimiento estudiantil rechaza la intención por parte del Ejecutivo, de intervenir las universidades y destacó que es una «grosería e insulto» a la educación venezolana por lo que exigen la entrega del presupuesto para reanudar sus clases.
