La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que la firma de la resolución conjunta que suscribieron las máximas autoridades de las instituciones que forman parte del sistema de justicia está dirigida a la agilización de los procesos penales.
Así lo expresó durante la emisión semanal del programa Justicia y Valores, transmitido por el Circuito Unión Radio (90.3 FM), donde calificó como un hecho valioso que busca implementar las políticas públicas necesarias que garanticen la celebración oportuna de las audiencias judiciales, a través de la de la Agenda Única.
Recordó que este acuerdo se concretó el 21 de octubre y fue suscrito por el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensa Pública; y los ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; para la Defensa y de Servicio Penitenciario, y señaló que debe salir próximamente en Gaceta Oficial.
Destacó que desde ese momento se comenzarán a implementar los acuerdos que permitirán fijar las audiencias de común acuerdo con todas las partes que intervienen en un proceso penal, para así evitar los diferimientos por motivos de coincidencias de una audiencia con otra.
Detalló que con esta herramienta se podrán detectar las debilidades, para así ejecutar acciones idóneas que permitan convertirlas en fortalezas, lo que representará una seguridad jurídica.
La Fiscal General enfatizó que con esta resolución se lograrán grandes avances contra el retardo procesal, por lo que hizo un llamado a los fiscales para que sean ejemplo en el cumplimiento y efectividad del acuerdo.
En resguardo del medio ambiente
En otro tema, la máxima autoridad del Ministerio Público informó que en cumplimiento del plan operativo de vigilancia y supervisión que mantiene el Ministerio Público, con el apoyo de otras instituciones del Estado, para resguardar el parque nacional Waraira Repano, se solicitó la realización de 19 audiencias de imputación y se pidieron 24 medidas de protección ambiental para este espacio natural.
Señaló que estos procedimientos fueron solicitados a los tribunales del área metropolitana de Caracas y del estado Vargas, y van dirigidos a paralizar las ocupaciones que se han hecho al margen de la ley y al desmantelamiento de las estructuras y edificaciones construidas en el parque nacional.
Igualmente, Ortega Díaz agregó que desde el pasado 21 de octubre se reforzaron los operativos de vigilancia y control en el mencionado Parque Nacional, patrullaje que están haciendo los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana para evitar que continúen las ocupaciones ilegales en sectores del Waraira Repano.
