El seis de octubre, el presidente Nicolás Maduro le propuso al Consejo Nacional Electoral que llamara a los partidos políticos a suscribir un Compromiso Electoral por la Paz, y, santa palabra, el árbitro no tardó en redactar una especie de decálogo en el cual, cosa curiosa, ninguno de los artículos se refieren a la delicada responsabilidad del CNE, ni dan garantía, en absoluto, de que el Gobierno dejará de intervenir a favor del partido oficial, con el uso de los recursos del Estado.
El acuerdo dispone “acatar los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional Electoral (…)”, “respetar sin condiciones los resultados emitidos a través de los boletines oficiales del Consejo Nacional Electoral (…)”, “reconocer que la única vía constitucional y legal para recurrir a los resultados electorales es a través de los tribunales de la República, renunciando a las vías de hechos y actos de violencia”, y, por último, el papel asienta que “con el presente compromiso asumido ante los venezolanos reiteramos nuestra responsabilidad con la democracia y la plena sumisión al orden constitucional legalmente establecido de la república”.
Es un documento que recoge generalidades ya establecidas en la ley. Es un compromiso vago, deliberadamente inacabado, parcial. El CNE obliga, pero no se obliga a sí mismo. Si en verdad el órgano rector electoral ha de asumir el papel que le atañe, de acatar lo ciertamente sagrado en todo esto: la voz del soberano, la presencia de los observadores internacionales, por ejemplo, debió formar parte de ese chucuto pacto. El respeto a la hora del cierre de las mesas, cuando ya no hay electores en cola, queja constante en todos los comicios. La intromisión militar en los pormenores de una jornada civil. La violencia y la intimidación en los alrededores de los centros de votación. El acarreo de electores en vehículos oficiales. De nada de eso habla el Compromiso Electoral por la Paz, como si la transparencia en el acto comicial y la confianza en los resultados discurrieran, ajenas e incompatibles, por sendas distintas.
Maduro, por supuesto, arremetió contra la coalición democrática por no haber acudido a estampar su firma en el compromiso de marras. Al mandatario se le antoja intolerable que la oposición se niegue a acatar, de antemano, las resultas de una elección que él ha instigado a ganar “como sea”. Lo repitió el mismo día en que firmó el acuerdo “por la paz”. A través de VTV, el canal oficial, anunció que la revolución se declaraba en emergencia ante un plan golpista (¿cuántos van ya?), y reiteró que, contra todos los pronósticos, su partido ganará las elecciones parlamentarias del 6D, “como sea”. “Ustedes saben qué significa eso, ¿verdad?”
Sería interesante que la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, le explique al país cómo interpreta esa exhortación presidencial. Todas las encuestas (Datanálisis, IVAD, Keller y Asociados, Delphos) vaticinan la pérdida del control de la Asamblea Nacional por parte del oficialismo. Según Venebarómetro el deseo de cambio en el país remonta a un peldaño de vértigo: 86.8 % La gestión de Maduro es calificada de “mala” por 77,9 % de los venezolanos.
Por tanto, la garantía del respeto a esos resultados obliga más a quien tiene licencia para el abuso. ¿Qué dice el CNE de la persistencia de los Estados de Excepción en la zona fronteriza? ¿Por qué no se compromete el árbitro a darle rienda suelta a la auditoría ciudadana? ¿Por qué no se incluye en el “compromiso” la participación plural, equitativa, de los candidatos, en la hegemónica plataforma mediática del Estado? ¿Por qué no se reglamentan las cadenas? La ONG Súmate contabilizó 17 alocuciones, entre enero y octubre, en las que Maduro hizo abierta propaganda a favor de los candidatos del Gran Polo Patriótico. En el mismo exceso incurre Diosdado Cabello, candidato-lista del PSUV por el estado Monagas.
Un compromiso electoral que nace defectuoso, con semejante sesgo, está condenado al descrédito. No es redundante insistir en que el árbitro está obligado a ser neutral. Debe ser neutral y debe parecerlo también.
No hay forma de eludir su responsabilidad con la paz y con la propia estabilidad de la nación. Ese es el más alto compromiso, el de fondo. Y ese clamor social está emparentado con una nueva tendencia irreversible.
